El lamentable espectáculo de estudiantes tomando escuelas a las que solo deben concurrir a formarse y aprender, nos obliga a volver a las fuentes de la organización política de las sociedades y a pensar en cuáles son los motivos por los que existen Estados y Gobiernos.

No hay ser humano al que le agrade que le pongan límites y prohibiciones; sin embargo todos sabemos que el ejercicio de los derechos sin límites nos lleva irremediablemente a la anarquía. Es por ello que las sociedades eligen o aceptan gobernantes, así como también al poder político que éstos ejercen para dictar normas que ordenen la convivencia social. Autoridades, normas e inevitables límites a nuestras libertades constituyen elementos indispensables para la existencia del orden y la organización socio-política. Todo eso es el Estado, cuya existencia encuentra un único sentido y fundamento: el bienestar general.

A partir de este concepto básico de orden, aparece otra necesidad: la de generar una organización política en la que el poder que ejercen los gobernantes esté debidamente limitado por una ley fundamental y por el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. En el sano equilibrio entre el respeto a las libertades de los hombres y el razonable ejercicio del poder político, radica el secreto para lograr una sociedad ordenada y próspera.

En democracia todos tenemos derecho a expresarnos y a plantear nuestros reclamos, pero subvertir el orden impuesto por la organización política, jamás puede ser el camino adecuado para canalizarlos. La toma de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires es un reflejo de lo que no debe hacerse en una sociedad libre, pero respetuosa de autoridades que poseen una clara legitimidad democrática de origen, simplemente por haber emanado de la voluntad popular.

Elaborar planes de estudio para los niveles primarios y medios de enseñanza, es una potestad constitucionalmente asignada a las autoridades locales, las que han sido elegidas para conducir los destinos de cada una de las unidades federativas de la Argentina, en las que, como ocurre a nivel nacional, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes (Art. 22 Constitución Nacional). Los alumnos son gobernados (representados), a los que la legislación permite elegir a sus autoridades desde los 16 años de edad, motivo por el cual excede los límites de la libertad, y constituye un verdadero abuso, ejercer el derecho de reclamar adoptando medidas extremas que impiden el funcionamiento de los ámbitos sagrados desde donde nace la luz del conocimiento: las escuelas.

Es en esas mismas escuelas en las que debe enseñarse que, en democracia, las disconformidades se manifiestan en las urnas, y el ejercicio del derecho de peticionar encuentra un límite en el perjuicio que estas medidas arbitrarias y absurdas provocan a cientos de estudiantes a los cuales se les impide recibir la educación que necesitan para forjar un futuro venturoso.

Es cierto que a estos chicos rebeldes, que parecieran estar formándose en el marco de una concepción anarquista, será necesario enseñarles estos conceptos básicos de toda organización política; pero también será necesario hacer entender a muchos padres y docentes complacientes que los apoyan, que convalidando acciones de esta naturaleza, les será luego imposible pretender que sus hijos y alumnos respeten la autoridad que justamente como padres y docentes deben ejercer a la hora de impartir formación y enseñanza.