El Gobierno parece haber ingresado en una nueva etapa. Ya no se trata sólo de administrar la coyuntura ni de defender el programa económico frente a las dudas del mercado. La prioridad pasa por ordenar la política, bajar la incertidumbre y llegar a 2027 con Javier Milei en condiciones de competir por la reelección.
En los últimos días, esa intención quedó reflejada en una serie de decisiones que responden a una misma estrategia: la presentación de un programa financiero, el impulso a la agenda legislativa, la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y la insistencia en que la economía entrará en una fase mucho más favorable.
El razonamiento oficial es comprensible. Si la inflación sigue bajando, si el riesgo país continúa comprimiendo, si la actividad deja atrás las subas y bajas y si el Gobierno logra mostrar reformas institucionales duraderas, la política podría ordenarse detrás de la economía. En esa lectura, la campaña no empezaría con un eslogan sino con “factos”: desinflación, normalización financiera, leyes y recuperación económica y no sólo una promesa de continuidad.
El problema es que esa secuencia todavía no está asegurada. Puede ocurrir, desde luego. La inflación comienza a mostrar los registros más bajos en varios meses, y eso es una buena noticia. También lo es el riesgo país a la zona de 400 puntos básicos. Pero una cosa es que algunos indicadores empiecen a jugar a favor y otra distinta es que hayan construido un nuevo régimen de expectativas.
La presentación del programa financiero fue, en ese sentido, políticamente oportuna y económicamente útil. El mensaje fue claro: no habrá un salto al vacío en materia de deuda en dólares. Y en una economía con la historia crediticia de la Argentina, eso importa.
La baja del riesgo país no se explica sólo por ese anuncio, pero el anuncio ayudó a reforzar la idea de que el Tesoro tiene una hoja de ruta. El Gobierno, además, ganó una ventaja narrativa ya que puede decir que no corre detrás de Wall Street, que prefiere financiarse al menor costo posible y que el regreso pleno a los mercados será una opción, no una urgencia. Pero ahí aparece la primera advertencia. Lo presentado es el programa financiero del Tesoro en dólares, no el programa financiero completo del sector público ni las necesidades de dólares de toda la economía.
El Tesoro puede mostrar una planilla ordenada y aun así persistir tensiones relevantes en el mercado de pesos, en la acumulación de reservas, en la demanda privada de cobertura y en el financiamiento externo neto. La Argentina no enfrenta sólo vencimientos soberanos. También enfrenta una restricción externa, un mercado local que debe renovar montos muy superiores en pesos y un BCRA que todavía necesita recomponer reservas.
Este punto es central porque la campaña económica del oficialismo descansa sobre la premisa de que el mercado de pesos, el mercado de dólares y la política puedan mantenerse alineados durante los próximos dieciocho meses. La deuda en pesos suele verse como más fácil de refinanciar porque está denominada en la moneda que recauda el Tesoro.
Sin embargo, en la Argentina los pesos también se vuelven difíciles cuando aumenta la incertidumbre electoral, se acorta el horizonte de los inversores o crece la demanda de cobertura cambiaria. Los mercados no están divorciados. Un problema de rollover en pesos puede trasladarse a tasas, crédito, actividad y dólar. Y una tensión en la deuda en dólares puede contaminar la demanda de instrumentos locales. Al final, hay una sola credibilidad soberana.
La segunda advertencia tiene que ver con los organismos internacionales. El programa no depende de una ayuda excepcional como la que recibió la Argentina en el pasado reciente, pero sí requiere una participación relevante de multilaterales, garantías y desembolsos.
Eso puede funcionar si el programa sigue mostrando resultados y si el respaldo político externo se mantiene. Pero en un año electoral, los organismos suelen mirar con más cuidado el financiamiento neto. No quieren agotar cupos ni quedar demasiado expuestos en la antesala de una elección presidencial incierta.
La tercera advertencia es más política. Las reformas que el oficialismo quiere impulsar pueden mejorar la calidad institucional del programa, pero no reemplazan los resultados macroeconómicos. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA puede ayudar a reforzar el compromiso antiinflacionario si efectivamente limita el financiamiento monetario al Tesoro y mejora la gobernanza de la institución. El mecanismo de “shutdown” puede funcionar como una señal de disciplina fiscal si está bien diseñado, aunque su adaptación local no será sencilla.
En Estados Unidos, el cierre del gobierno se activa por falta de autorización presupuestaria; en la Argentina, la ley vigente permite prorrogar el presupuesto anterior y reasignar partidas. Cambiar esa lógica puede ser relevante, pero también puede introducir rigideces y conflictos si se transforma en un instrumento de disputa política permanente.
Algo parecido ocurre con Inocencia Fiscal, la reforma electoral y otros proyectos que el Gobierno considera claves. Pueden ordenar incentivos, ampliar márgenes de acción o consolidar una identidad reformista. Pero no producen, por sí solos, más reservas, más crédito, más empleo formal ni más salario real. Las reformas ayudan cuando se vuelven creíbles, aplicables y consistentes con la macro.
Si quedan como señales de campaña, su impacto será mucho más acotado. Por eso, la reelección depende de que la estabilización financiera empiece a sentirse en la economía real. Para el votante, el éxito del programa no se mide sólo en el precio de los bonos. El mercado puede anticipar ese mejor escenario; la sociedad necesita verlo.
En síntesis, el Gobierno volvió a tomar la iniciativa, y eso juega a su favor. Presentó un programa financiero, reordenó parte del gabinete, busca acuerdos con gobernadores y pretende instalar una agenda legislativa asociada a la estabilidad. Después de meses de ruido político, eso no es menor. Pero la iniciativa no resuelve la tensión de fondo. Para 2027 falta mucho y mucho tiempo suele ser demasiado tiempo. En Argentina, las campañas electorales reeleccionistas pueden empezar en la política, pero casi siempre terminan rindiendo examen en la macro.