En la lista de prioridades que suelen definir los empresarios a la hora de definir una agenda de políticas que alimenten la inversión, casi siempre el primer lugar lo ocupan los impuestos o la litigiosidad laboral. Es un poco obvio, porque en el fondo se tratan de factores que trastocan la rentabilidad de los proyectos y son los que más rápido son cuestionados una vez que la macroeconomía entra en un sendero de relativa estabilidad.
Pero este fin de semana, algunas de las agrupaciones que integran el Foro de Convergencia aprovecharon para dar un gesto relevante en momentos en que el Gobierno decidió dar una estocada al Poder Judicial. En paralelo al pedido de enjuiciamiento al camarista Eduardo Freiler que puso en marcha la Casa Rosada, los privados emitieron un documento apoyando la idea de que haya una "justicia transparente" y que los jueces cuya honestidad esté en duda "sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva, dentro del marco de la ley".
La movida del Ejecutivo fue cuestionada por la oposición, ya que el oficialismo aprovechó un resquicio legal para lograr el quórum que le permitió gatillar el enjuiciamiento de Freiler en el Consejo de la Magistratura. Los empresarios no convalidaron explícitamente el procedimiento, pero hicieron saber a la corporación política y judicial que están a favor de que la lucha contra la corrupción incluya a todos los poderes del Estado.
El funcionamiento del aparato judicial no es un tema secundario para los inversores. El Estado lo sabe y es por eso que en las cláusulas de emisión de deuda la Argentina ha aceptado someterse a las disposiciones de la justicia de Nueva York o de Londres. Las compañías que padecen alta litigiosidad laboral ya la consideran parte del costo argentino.
Pero ante la ofensiva que lanzó Macri, no dudaron en alinearse con el objetivo final. El caso Freiler tal vez no sea el inicio de una ola de juicios. Pero es un mensaje directo a un poder que también tiene actitudes corporativas.
