El Presidente no tiene problema en pagar costos políticos personales con tal de avanzar en los objetivos de desarrollo y pobreza cero que prometió en 2015. Esta frase, con distintas variantes, es repetida por los colaboradores más cercanos de Mauricio Macri, como Marcos Peña o algunos de los ministros que con los que tiene un trato más cercano y personal. Es utilizada para explicar la razón por la que el Gobierno decidió acudir al FMI para recuperarse del sacudón cambiario que sufrió en abril y mayo.
Luis Caputo, el titular de Finanzas, explicó ayer ante los ejecutivos del IAEF que el Poder Ejecutivo está obligado a tomar decisiones con el diario del viernes y no del lunes. Con esa perspectiva, tal vez parezca mucho el precio que pagará Cambiemos por someterse a ese trato. Pero minutos antes, Mario Quintana dijo que el acuerdo con el Fondo puede convertirse en un puente hacia el equilibrio fiscal, algo que no les permitió alcanzar el gradualismo.
En tren de afrontar costos, el Gobierno parece dispuesto a ampliar ese sacrificio. Después de que la oposición lo corriera por izquierda para tratar de frenar con una ley las subas de tarifas, el oficialismo cree entender que no puede recuperar imagen si no hace una acción más equitativa y se mueve en una dirección similar. Por eso parece dispuesto a morder la mano de sus aliados naturales: empezó por advertir a los empresarios que trasladaban a los precios una porción excesiva de la suba del dólar, y ahora le "avisa" al campo que puede suspender la rebaja de las retenciones a la soja. Hay un argumento: la devaluación valorizó más sus stocks en pesos.
Lo que observan los analistas es que más que resignarse a pagar un costo político, lo que está haciendo el Gobierno es tratar de reducirlo. El riesgo es que genere un mensaje equívoco hacia aquellos a los que les prometió estabilidad en las reglas de juego. "No hacemos morenismo, queremos alentar la competencia entre los empresarios", remarcó Quintana ante los ejecutivos de finanzas. El nuevo lema se llama pragmatismo.
