El camello de las privatizaciones dentro de la Ley ómnibus

El término en inglés kluge es utilizado principalmente entre los ingenieros de computación para describir "una solución que es sucia, poco elegante, un conjunto de elementos atados con alambre pero que, más o menos funciona".

Una definición menos sofisticada pero igualmente potente sería aquella que indica que "un camello es un caballo diseñado por una comisión".

Una ley revisada por un Congreso en dónde el oficialismo no tiene mayoría o que, aun teniéndola, no se comporta como una simple ‘escribanía', termina siendo, casi siempre un camello. Para bien o para mal, cada bancada, por distintas razones, intenta incorporar sus propias ideas y/o los intereses que representa, a la redacción final.

La llamada Ley ómnibus, no está escapando a esta regla.

El proyecto original ha estado recibiendo, y todavía recibirá más en el tratamiento del articulado en particular, recortes, modificaciones, agregados, cambios, que la terminarán convirtiendo en el mejor de los casos, en un camello o en un kluge, lleno de parches.

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La discusión en torno a las empresas pasibles de privatización no escapa a esta descripción. El Ejecutivo, tomó toda la lista de empresas públicas con mayoría estatal y las declaró "sujetas a privatización", entiendo que no sólo por razones fiscales, aunque en el corto plazo sea el tema principal, sino también, como en otros aspectos de la ley, buscando mejoras de productividad de largo plazo que contribuyan a cambiar la tendencia declinante del crecimiento económico del país.

Los legisladores fueron modificando esa lista, sacando empresas, y/o limitando a una privatización parcial y minoritaria a otras. Al momento de escribir estas líneas, entre estas últimas, privatización limitada, están incluidos el Banco Nación, NASA (la empresa que controla a las centrales nucleares) y ARSAT.

Las empresas que han quedado afuera del esquema de privatizaciones son: la Casa de Moneda, el BICE, que tiene como accionista parcial al Banco Nación, la Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Dioxitek (que produce uranio para las centrales nucleares y para uso medicinal), la Radio de la Universidad Nacional del Litoral, el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), y Vehículo Espacial Nueva Generación.

Finalmente, han permanecido en la lista para ser eventualmente privatizadas: AYSA, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Correo Argentino, Yacimientos carboníferos de Río Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada, Enarsa, el INTA, Telam S.A., Educ. Ar, Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, algunas empresas vinculadas al Banco Nación (Bursátil, reaseguros, servicios), las empresas del complejo ferroviario de pasajeros, el Belgrano Cargas, los Corredores Viales, y Empresa Argentina de Navegación Aérea (o EANA, que nuclea a los controladores de radar de los aeropuertos).

De la simple lectura del listado anterior, no queda claro, aunque en algunos casos se pueda intuir, cual fue el criterio de los legisladores para declarar privatizable el INTA o EANA, pero dejar afuera la Casa de Moneda, o Tandanor.

Pero más allá de este caprichoso listado, hay que ser realistas.

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La Ley ómnibus remite, para el proceso de privatizaciones, a la ley de reforma del Estado del 17 de agosto de 1989, es decir, la ley que enmarcó el proceso de privatizaciones de la ‘nefasta década del ‘90' ahora, aparentemente reivindicada. Han pasado casi 35 años. El mundo es distinto, el mercado de capitales es distinto. La reputación argentina, post privatizaciones, estatizaciones e incumplimiento de contratos es distinta, el riesgo argentino es distinto, y la mayoría de las empresas sujetas a privatización han pasado por el dramático proceso de reestatización que generó un fuerte incremento interno de politización, sobre empleo, ineficiencia y corrupción.

Bajo estas circunstancias, sin pasar por un intenso proceso de reestructuración previo, la mayoría de las empresas del listado están, como autoriza la ley, más para su liquidación, para la concesión de parte de sus actividades, o para una incorporación de gestión privada, que para ser "vendidas".

El caso emblemático es el del complejo ferroviario, que fundamentalmente brinda transporte de pasajeros en el AMBA. El conjunto de empresas en que se ha dividido este servicio presenta todos los vicios: sobre empleo, alta ineficiencia, falta de inversión de magnitud y una recaudación exigua, para cubrir los tremendos sobrecostos que registra. Resulta altamente improbable que algún privado esté dispuesto a invertir en este "negocio". Quizás, bajo ciertas condiciones, se puedan concesionar algunos servicios, pero será imprescindible una profunda reestructuración de este complejo.

 Aquí el "no hay plata" funciona muy parcialmente. El Tesoro tendrá que seguir aportando fondos -debería acordar con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como repartir este costo- y habrá que seguir invirtiendo en infraestructura. El Belgrano Cargas, en cambio, que ha recibido inversión importante en los años de Mauricio Macri, podría ser concesionado, y podrían ser renovadas, ampliadas o re licitadas las otras líneas de transporte de carga.

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Otras empresas cuyos servicios o productos son hoy brindados eficientemente por el sector privado, o que se han tornado obsoletas, por diferentes razones, deberían ser directamente liquidadas, imponiendo alguna regulación antimonopólica para la actividad privada en su sector, de ser el caso.

Otro ejemplo, surge de la empresa que nuclea a los controladores aéreos de los aeropuertos. Está claro de que se trata de un servicio del que no se puede prescindir. Ignoro si este tipo de actividad es pasible de ser concesionada, pero también aquí es evidente que el "no hay plata" no sirve. Se requiere inversión y servicio eficiente.

Otro de los casos emblemáticos es el de Aerolíneas Argentinas y sus empresas satélites. El DNU sometido hoy al escrutinio de la justicia autoriza el traspaso de sus acciones a sus empleados, mientras la ley, como mencionamos, la declara sujeta a privatización. Otra vez, la empresa tiene que ser reestructurada, y el "no hay plata" solo puede ser esgrimido si la política de "cielos abiertos" se traduce en más servicios en competencia.


Un caso muy diferente es el de Enarsa. Una empresa creada, en su momento, para "canalizar" de manera poco transparente fondos para la importación de GNL y que terminó además financiando el famoso gasoducto. Si todo evoluciona como lo previsto, no habrá que importar más gas -o en todo caso será una actividad marginal que bien pueden hacer las empresas privadas del sector- y tampoco debería participar de las ampliaciones o construcciones de gasoductos -que podrían estar a cargo del sector privado, con contratos de demanda de largo plazo- de manera que es una empresa candidata a un cierre rápido.

Otra de las empresas complejas es AYSA, privatizada, reestatizada, y que también requiere una fuerte revisión. Con el "no hay plata" no es suficiente.

Los corredores viales deberían poder estar sujetos a gestión privada, bajo ciertas condiciones.

Estos son sólo algunos ejemplos de la realidad con la que nos enfrentamos al revisar el caso de las empresas públicas en la Argentina, 35 años después de la sanción de la ley de Reforma del Estado.

Lo que debe quedar muy explícito es que, en algunos casos, insisto, el "no hay plata" es una solución muy transitoria. En otros, más que privatizar se podrá concesionar total o parcialmente un servicio y en otros, directamente aplica la liquidación.

El Ejecutivo y los legisladores están diseñando un camello, no es lo mejor para recorrer eficientemente las pampas argentinas, pero habrá que adaptarse. 

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