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El acuerdo por el dólar que pedía Cristina quedó lejos de la campaña

Cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner difundió, en octubre pasado, la carta que identificaba a la economía bimonetaria como uno de los dramas centrales de la Argentina, hizo foco en un síntoma, no en un problema. El texto, que pretendía alentar al presidente Alberto Fernández pese a remarcar que en su equipo había "funcionarios que no funcionan", aludía a la necesidad de un acuerdo político y social que permitiera darle una solución a la restricción externa, o sea, al faltante crónico de dólares para abastecer tanto a la producción como a los ahorristas.

La mención que hizo Cristina en ese momento a favor de un consenso social fue más que saludable, pero ese objetivo quedó fuera de la campaña electoral en curso. Es indudable que la economía forma parte del debate, pero la preocupación que expresan tanto los votantes como los candidatos sigue más centrada en la subsistencia (lo que el oficialismo denomina recuperación) que en el crecimiento.

En ese escrito, la Vicepresidenta había marcado que el problema de la economía bimonetaria no era ideológico, ni de izquierda ni de derecha, ya que había afectado por igual a gobiernos de distinto signo político. Pero en ningún caso terminó de completar el círculo vicioso que lo mantiene vivo. La demanda de moneda extranjera es la contracara de un peso que sirve para hacer transacciones pero no para ahorrar, ya que en esos casos la elección claramente se vuelca a favor del dólar. El problema de origen no es una preferencia cultural destinada a entronizar los billetes estadounidenses. El problema siempre fue el peso, y el escaso valor que retiene cuando lo erosiona la inflación.

Cristina recordaba en su carta que su gestión terminó con 25% de aumento anual en los precios (tomando como referencia la medición del gobierno porteño), casi como si fuese un logro. Nunca llega a asociar esa circunstancia, entre otras, al incremento constante en la demanda de dólares, que la obligó a crear el cepo cambiario original en 2011.

El problema crónico de la Argentina que subyace a todo este debate siempre fue el déficit fiscal, que según un estudio del Iaraf, acumuló una cifra sideral de u$s 250.000 millones desde 2008 hasta el 2020. Hasta el 2015 ese pasivo se financió con emisión del BCRA, ya que la Argentina seguía en un default parcial que le impedía acceder al crédito. El gobierno de Mauricio Macri tampoco resolvió el dilema: solo cambió la fuente de financiamiento interna por externa. El FMI llegó cuando el rojo ya era inmanejable, y su participación ayudó a evitar un nuevo quiebre, pero bajo condiciones extremadamente difíciles de administrar.

La elección de 2021 no registró el acuerdo que pedía Cristina. Todavía hace falta tener un diagnóstico común, y sobre todo, definir dónde va a estar el límite: si en el tamaño del Estado o en los pesos que hacen falta para solventarlo.

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