La normalización del sector eléctrico demandará al Gobierno mucho más esfuerzo del que imaginan los consumidores. Las tareas que tiene por delante el Poder Ejecutivo abarcan todos los frentes: incluyen aumentar la generación, reforzar la transmisión y sobre todo, garantizar la distribución del suministro eléctrico a los usuarios finales, la pata más débil de todo el sistema. El principal desafío es hacerlo con menos recursos del Estado, que desde 2002 hasta el presente funcionó como un pulmotor pero a un costo altísimo: casi 3% del PBI.
Restaurar reglas claras para todos los actores que permitan reanimar la inversión es hoy la clave para alejar la foto repetida de veranos sin luz. La principal razón que jugó en contra de este proceso es la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, norma que al congelar las tarifas le puso un cepo a los ingresos de las compañías pero no a los costos. Por eso la primera medida dictada por la nueva gestión es un decreto que rehabilita la renegociación de contratos de las empresas concesionarias, un instrumento que actuará como llave para la fijación de tarifas más cercanas a los costos de producción.
La eliminación de los subsidios será gradual. El Gobierno no tiene otra opción, porque todos los pesos que los consumidores tendrán que poner de su bolsillo para compensar la tarifa, se restarán del consumo. Si esa movida se hace de golpe, podría enfriar el repunte económico. La contrapartida -que el Ejecutivo también evalúa- es que ese escenario puede favorecer la baja de la inflación. Lo que debe hacer el Gobierno es administrar los tiempos.
Más allá de sostener un esquema de tarifas sociales, otro objetivo que tendrá que trabajar el equipo del ministro Juan José Aranguren es la federalización de los subsidios remanentes, ya que hoy están concentrados casi exclusivamente en la región metropolitana. No se trata solo de usar el bisturí, sino de hacerlo con destreza y justicia distributiva.
