Una ley de emergencia pediátrica nacional, impulsada por el Poder Legislativo, podría ser vetada por el Ejecutivo. Más allá de si esta norma pone en riesgo o no el equilibrio fiscal, lo preocupante es que carece de posibilidades reales de mejorar la pediatría, dado que la salud pública es una competencia primaria de las provincias.

En cadena nacional, se emitió un mensaje para concientizar sobre la importancia del equilibrio fiscal y se anunció el envío de un proyecto de ley que penalice la aprobación de normas que impliquen erogaciones sin financiamiento previsto. Sin embargo, el artículo 7º de la Ley de Administración Financiera del Estado, sancionada hace más de 30 años y vigente al día de hoy, ya establece la prohibición al Congreso de sancionar leyes que aumenten el gasto sin especificar su financiamiento.

No obstante, las probabilidades de que esta ley mejore efectivamente la atención médica infantil son nulas, dado que la salud pública es responsabilidad de las provincias. La Nación solo ejerce competencias concurrentes.

Según datos del propio Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud de la Nación dispone de un presupuesto equivalente al 0,3% del PBI, de los cuales el Hospital Garrahan recibe apenas el 0,03%. En contraste, los Ministerios de Salud provinciales suman un presupuesto del 1,8% del PBI. Es decir, la salud pública -incluida la pediátrica- está financiada casi en su totalidad por las provincias, a las que, tal como está redactado el proyecto, la emergencia pediátrica no les resultaría aplicable. Así, la declaración de "emergencia" carece de sustento.

El enfoque de la discusión revela un preocupante deterioro institucional. El problema central del proyecto no radica en su impacto fiscal, sino en desconocer la responsabilidad primaria de las provincias. Es una propuesta técnicamente improcedente que genera tensión política y refleja la desconfiguración del régimen federal.

Esto evidencia la necesidad de un acuerdo de coordinación tributaria y funcional que establezca, con precisión, las competencias de cada nivel de gobierno. La responsabilidad por el financiamiento y la gestión de la salud pública debería ser exclusiva de cada provincia. El Estado Nacional no debe superponerse, sino limitarse a medir y evaluar los resultados sanitarios de cada jurisdicción. Para ello, no se requiere un Ministerio de Salud nacional, sino una agencia especializada en medición de indicadores sanitarios.

En definitiva, los hospitales estatales deben funcionar como entes autónomos gestionados por sus propios equipos médicos. Su financiamiento debe provenir de las obras sociales y prepagas cuando atiendan a pacientes con cobertura, y de los estados provinciales -contra factura- en los casos de pacientes sin cobertura.

En aquellas provincias que no cuenten con hospitales de alta complejidad, como el Garrahan, deberían contratarse servicios en el sector privado o en otros hospitales especializados, dado que el Garrahan no es la única institución de referencia en pediatría de alta complejidad en la Argentina.