El anuncio del Gobierno de reducir la estructura de cargos políticos de la Administración Nacional es otro paso en el sendero de reformas que se aceleraron luego del triunfo electoral de octubre pero que lleva el sello indeleble de señalar al resto del sector público (provincias y municipios) que el gobierno quiere pensar ahora en alguna consolidación fiscal que reduzca el gasto corriente en términos reales y no simplemente como porcentaje del PBI.

El tono general del anuncio buscar dar un mensaje congraciador con la opinión pública: Si la política ha sido la responsable de un exceso de expansión del empleo, es la misma política la que tiene que empezar racionalizando los cargos políticos dentro de la estructura ejecutiva de los diferentes niveles de gobierno.

Cada una de estas tres medidas tiene diferente estatus y relevancia, más allá del mensaje común. La única significativa es la decisión de reducir el 25% de los cargos políticos (equivalente según el anuncio a 1000 puestos). La decisión de congelar los sueldos de los funcionarios políticos es a mi juicio un error y lo más lógico hubiera sido que el Gobierno anuncie la implementación del 15% de aumento sin cláusula gatillo para el 2018. De otro modo, haber reducido los sueldos reales de la parte más ejecutiva y exigida del sector público no es ni eficiente, ni equitativo y envía una señal que más que aclarar oscurece.

¿Significa que durante dos años el Estado estaba despilfarrando recursos pagando sueldos demasiado elevados? Dudo que alguien pueda sostener esto seriamente.

La decisión de suprimir cargos en la estructura de la administración nacional es seguramente una decisión acertada en pos de la eficiencia de la gestión estatal a ese nivel. Es algo de tercer orden de magnitud en el gasto público nacional, pero puede ser más relevante a nivel provincial y municipal, de ahí la importancia del señalamiento. A nivel del gobierno nacional debe ser vista como persiguiendo la eficiencia más que como una decisión de suprimir cargos. Es decir, el Gobierno tiene que mostrar que no solo la toma de decisiones (el Presidente aludió a eso) sino que todo lo que está detrás de las mismas (que en el sector público involucra mucha gente pensante que ayuda al diagnóstico de políticas y que tiene que mover el lápiz) va a mejorar notablemente su desempeño.

Eliminar el 25% de los cargos es un número impactante. Pero no es simplemente una eliminación de cargos sino de reparticiones y como tal conlleva un problema de reasignación o restructuración de los funcionarios no políticos que trabajan en esas reparticiones. Son esos funcionarios los insumos críticos para una buena toma de decisiones en el sector público y como tales existe una compleja microeconomía de incentivos que esperamos que haya sido tomada en cuenta.

Como en toda medida de gobierno y para evitar hacer una crítica desinformada por el solo hecho de escribir, uno desearía que el Gobierno se esté moviendo en estas decisiones no sólo o no tanto como un generador de mensajes políticos sino con un razonable soporte que fundamente las decisiones.

Existe una sustantiva literatura de economía pública sobre el diseño de las capacidades del estado en relación a los recursos humanos que recomienda cuidar los incentivos entre los cuales el diseño contractual del empleo y la remuneración son importantes. Y en su reciente libro de divulgación general, La economía del bien común, el premio Nobel de economía Jean Tirole dedica una parte al tema del diseño de los paquetes laborales para los funcionarios públicos de la administración francesa, argumentando la necesidad de paquetes flexibles adaptados a las necesidades tecnológicas del siglo 21 y alejados de la figura del funcionariado que cumple una misión de honor dentro del sector público.

Cualquiera sea la dosis de análisis fundamentado que el Gobierno haya usado para implementar esta decisión, que luce razonable vista desde muy arriba, lo que uno desearía es que en el momento en que esta nota se está leyendo no tengamos a cientos de jóvenes profesionales muy capaces dentro del sector público preguntándose, en un ambiente de incertidumbre, qué es lo que va a ser de su trabajo. Es posible que este interrogante golpee a profesionales con mala suerte, independientemente de su eficiencia, por el solo hecho de estar una repartición calificada de ineficiente y que desaparece con la reforma, por una mera decisión política que responde a actores de turno. Si los mercados laborales son internos, y vaya que lo son en el sector público, uno se imagina muchas ineficiencias en este sentido.

Dada la trascendencia de este anuncio que el Poder Ejecutivo de ha otorgado, queda un cúmulo de otras preguntas: ¿Habrá transparencia e información detallada sobre los cambios realizados? ¿Podrán economistas independientes evaluar la eficiencia de esta reforma, en particular las consecuencias que este cambio de estructura puede llegar a tener sobre la calidad de los recursos humanos en el sector público? Responder estos interrogantes, aún con el marco de incertidumbre de cualquier análisis o método, ayudaría mucho a que el Gobierno ha abrazado los principios de la gobernancia inteligente que nos merecemos.