El comunicado del auxiliar del juez Griesa, Daniel Pollack debería ser visto como parte de las funciones que tiene asignadas en relación a su designación. Dichas funciones, asignadas por Griesa, consisten, principalmente, en procurar que existan negociaciones entre las partes a los fines de discutir y eventualmente alcanzar un posible settlement o acuerdo, que fue un pedido que ambas partes formularon al tribunal de Maniatan luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en Junio del año pasado en el cual rechazó la apelación. Precisamente a los fines de conducir dichas negociaciones Griesa designó a Pollack. En virtud de su cargo, Pollack está obligado a mantener informado al juez sobre su gestión.

Asimismo, en razón que en su momento se dijo que Argentina no podía negociar hasta el 1 de enero de 2015 por la denominada cláusula Rufo, Pollack en estas semanas cumplió la función de convocar a las partes luego del vencimiento de dicha fecha. Para Pollack, mientras dure su nombramiento “no hacer nada” no es opción ya que estaría incumpliendo con su responsabilidad.

Luego aparecen dos cuestiones importantes. La primera es la postura del gobierno frente al rol específico desempeñado por Pollack como auxiliar de Griesa. En este sentido, para el Ministerio de Economía Pollack no es imparcial, sino que cumple su función buscando beneficiar a los demandantes. Esta postura se basaría en acciones personales y profesionales del mediador y, a su vez, en la decisión del gobierno de no negociar durante 2014 por la existencia de la cláusula Rufo. Quizás el origen mayor del desencuentro haya sido el comunicado de Pollack el 31 de Julio de 2014 cuando mencionó que Argentina entró en default por no haber pagado en esa fecha y por haber caído la medida cautelar que permitía realizar los pagos de los bonos del canje al Bank of New York. Esa fue posiblemente una declaración inapropiada ya que dicho status finalmente le corresponderá determinarlo a la justicia de Estados Unidos, no a su persona. Desde entonces no hubo mas confianza de parte de Argentina en sus tareas a pesar de haber habido varios encuentros en los últimos meses del año pasado.

La segunda cuestión importante es la confidencialidad en sus comunicaciones. En este sentido y a fin de procurar un mejor clima entre las partes la forma de manejar la comunicación de sus gestiones sería mediante un informe directo a Griesa y que sea éste quien decida que carácter darle (público o privado).

Ahora bien, ante distintos pedidos del gobierno de remoción de Pollack el juez Griesa lo ha confirmado en su cargo. Por otro lado, Pollack lo que ha dicho (más allá de haber sido imprudente el año pasado y de no haber resguardo de mejor manera la confidencialidad en esta oportunidad) es que Argentina había expresado el año pasado que no podía negociar hasta el 1 de enero de 2015 en razón de la cláusula Rufo, y entonces habiendo vencido dicho plazo desde entonces el mediado ha convocado a las partes a negociar en virtud que no existiría más dicho obstáculo. Si existen otras razones para no negociar o no es algo que Pollack podría no saber en caso de no haber sido informado al respecto. Quizas el obstáculo sea el mismo por una postura de Argentina, pero hasta no ser removido por Griesa, de eventualmente así ocurrir por pedido del gobierno, el mediador debe cumplir con sus funciones de convocar a las partes y de mantener informado al juez. Por ello en caso que se considere que Pollack no es la persona indicada lo mas recomendable sería pedir formalmente su remoción.

Mientras tanto este tipo de comunicaciones y desencuentros, sin pedidos formales de remoción o defensa por eventuales accionar inapropiado, dañan el proceso hacia un settlement y particularmente afectan ante el juez la credibilidad sobre qué realmente se quiere discutir un settlement, cualquiera sean sus posibles términos. Por ejemplo si la postura argentina fuera ofrecer los términos de los canjes anteriores mejorados en el margen eso puede ser presentado y es legítimo desde el punto de vista procesal, aún cuando se sepa que no contribuirá a un settlement. Esto, a su vez, evita que Griesa pueda considerar que no existe voluntad ni siquiera de discutir formalmente ningún tipo de settlement, lo que podría incidir en sus decisiones futuras ya que el pedido de settlement se originó en Argentina luego del fallo negativo de la Corte Suprema y es un paraguas para evitar la ejecución de las sentencias de pari passu. Si bien como se sabe no existen activos para embargar, el daño a la credibilidad puede implicar que el juez, durante 2015, no acceda a distintos pedidos de la defensa argentina en la medida que los mismos dependan de ciertas discrecionalidades intangibles que tienen los jueces cuando las decisiones a tomar se encuentran en zonas grises y la balanza se inclina a favor o en contra de una de las partes por su comportamiento ante el tribunal.

La postura argentina de no negociar u ofrecer los términos de los canjes anteriores es respetable (más allá de lo que cada uno considere sobre su conveniencia) y de ser dicha postura la que se tomará durante este año lo más apropiado sería comunicarlo al juez de manera clara y fundada ya que de lo contrario se considerará, a nivel judicial, que la cláusula Rufo no fue un obstáculo legítimo para no negociar. Ahora puede haber otros obstáculos (como la alegada imparcialidad de Pollack o cuestiones de política económica u otras) y entonces quedaría comunicarlo al tribunal para evitar tener eventuales resultados negativos en aquellas zonas grises de discrecionalidad de los jueces que en todo proceso judicial existen. Por ejemplo en el caso argentino existen este año importantes cuestiones a resolver como por ejemplo la ejecución de las sentencias, el mantenimiento del paraguas del settlement, la aceptación de otros me toos, la postura de Griesa frente al reclamo de los tenedores de bonos europeos en los tribunales de Londres, decisiones relacionadas con el desacato, la postura judicial frente a posibles pedidos de aceleración de la deuda de los canjes y este año o el próximo un mayor paraguas para el caso que se intente cerrar todo el frente de la deuda, tanto aquella con los holdouts como con los bonistas que entraron a los canjes y que no están cobrando por las decisiones de Griesa y la postura de Bank of New York. Por ello la presentación de un escrito judicial claro sobre la postura argentina sería lo mas apropiado en este momento.