En Argentina, una persona que sufre un accidente de tránsito puede tardar más de cinco años en obtener una sentencia judicial.
Cinco años. No es una anomalía. Es el funcionamiento normal del sistema.
Y esto ocurre en el segmento más relevante del mercado asegurador: los seguros de automotores, que representan aproximadamente la mitad de toda la actividad del sector.
Es decir: no estamos hablando de un problema marginal. Estamos hablando del corazón del sistema. Cuando se analizan los datos con objetividad, la conclusión es incómoda pero inevitable...
Solo el 1,5% de los siniestros termina en juicio. Sin embargo, ese pequeño porcentaje explica una parte desproporcionada del costo total del sistema. Y lo más grave: apenas el 40% de ese costo llega al damnificado. El resto se pierde en el proceso.
Esto no es un problema del seguro. Es un problema del sistema judicial.
Un sistema que tarda más de cinco años en resolver un accidente de tránsito no es simplemente lento. Es ineficiente. Es caro. Y, sobre todo, es injusto.
Porque la demora no beneficia a nadie. Ni al damnificado. Ni al asegurado. Ni a la sociedad. Solo genera una transferencia silenciosa de recursos hacia los costos del proceso.
Mientras tanto, el efecto es directo: primas más altas, menor acceso al seguro y una creciente percepción de injusticia.
Hay que decirlo sin eufemismos: el sistema está diseñado de una manera que termina perjudicando a quienes debería beneficiar.
Y no alcanza con discutir síntomas. No alcanza con ajustar tasas, modificar coberturas o introducir parches regulatorios.
El problema es estructural. Y la solución también tiene que serlo. Argentina necesita una reforma profunda de sus códigos procesales, particularmente, en materia de accidentes de tránsito. El objetivo debería ser tan simple como contundente: resolver estos conflictos en un máximo de 12 meses desde el hecho.
No es una utopía. No es una consigna. Es una decisión.
Implica avanzar hacia procesos más ágiles, con la incorporación de la oralidad, producción de las pericias en plazos razonables y perentorios, reduciendo plazos e incorporando medios tecnológicos, garantizando siempre el debido proceso y el derecho de defensa, pero que prioricen también como un verdadero derecho de los justiciables acceder a una decisión judicial que ponga fin al litigio en tiempos razonables. Ello, a su vez, redundará en una reducción drástica de los costos y accesorios que hoy distorsionan el sistema.
Y, sobre todo, implica cambiar el enfoque: poner en el centro al damnificado y no al proceso. Porque hoy el sistema parece estar más preocupado por sostener su propia lógica que por resolver el conflicto.
La buena noticia es que no partimos de cero.
En Argentina ya hay jurisdicciones que comenzaron a avanzar en este camino. Mendoza es un ejemplo concreto de que se puede hacer algo distinto. Se puede reducir la litigiosidad. Se pueden acortar los plazos. Se puede mejorar la eficiencia sin resignar garantías.
Entonces, la discusión ya no es técnica. Es política.
- ¿Vamos a seguir aceptando que una persona espere más de cinco años para cobrar una indemnización que repare los daños sufridos en un accidente de tránsito?
- ¿Vamos a seguir sosteniendo un sistema que encarece el seguro para millones de argentinos?
- ¿O vamos a tomar la decisión de cambiarlo?
Una justicia que tarda cinco años para resolver un reclamo, no es justicia. Es sobrecosto. Es incertidumbre. Y es una oportunidad perdida para construir un sistema más justo, más eficiente y más accesible.
La solución está al alcance. Lo que falta no es diagnóstico. Es decisión.