Miércoles  01 de Julio de 2020

Los sistemas previsionales, una asignatura pendiente

Los sistemas previsionales, una asignatura pendiente

MARCELO CAPELLO

Presidente del IERAL de Fundación Mediterránea

Los sistemas previsionales provinciales dan cobertura a cerca del 50% de los empleados públicos de Argentina, que representan aproximadamente 12% del total de asalariados. Estas cajas provinciales funcionan bajo un sistema de beneficio definido, con reparto administrado y financiado por cada Estado Provincial. Se trata de 13 provincias que continúan con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Normalmente presentan mayores beneficios previsionales que en el sistema nacional, a causa de la fórmula de cálculo del haber inicial: las tasas de reemplazo van del 70% en Buenos Aires al 82% en la mayoría de casos. Ocho cajas disponen edad de retiro inferior a la del sistema nacional.

Por ende, el gasto previsional representa un peso importante en el gasto de las provincias. En los primeros nueve meses de 2019, en términos del gasto corriente total, resultaba equivalente a 25% en Entre Ríos, 24% en Santa Cruz y 23% en Córdoba. En Santa Fe la relación era del 21%, y del 19% en Buenos Aires.

Dado que suele tratarse de jubilaciones con mayores beneficios que los de ANSeS, las provincias suelen mostrar elevados déficits previsionales. En los primeros nueve meses de 2019 resultaba equivalente a 12,3% de los ingresos totales del gobierno de Santa Cruz, 9,8% en Entre Ríos, 6,1% en Formosa y 5,7% en Córdoba, entre los más importantes.

Ya esta situación había llevado a una reforma previsional en Tierra del Fuego a fines de 2017, que ahora presenta un déficit del 2,8% de los ingresos corrientes. Este año fue el turno de la provincia de Córdoba, que el 21 de mayo pasado (Ley 10.694) introdujo cambios al sistema previsional local, apuntando a reducir los haberes jubilatorios de mayor monto, con el objetivo de disminuir el déficit previsional al menor costo social posible.

Previo a la reforma, las erogaciones previsionales en 2020 se estimaban en $ 88.400 millones, a la vez que los ingresos en $ 67.600 millones, y éstos se podrían desagregar en dos componentes:

1) Ingresos genuinos ($ 52.900 millones): Los que se generarían si se aplicasen en Córdoba las alícuotas de aportes y contribuciones que aplica ANSeS.

2) Ingresos complementarios ($ 14.700 millones): Los recursos extras que ingresan a la Caja de Córdoba debido a que aplica aportes y contribuciones mayores a los que pagan los aportantes de ANSeS.

En función de lo anterior, se pueden diferenciar tres resultados financieros para la Caja de Córdoba, previo a la reforma de mayo 2020:

1) Resultado estructural: Diferencia entre el total de ingresos genuinos (los que surgen de aplicar las alícuotas de aportes y contribuciones que rigen en el ámbito nacional) y el total de erogaciones de la Caja. Se estimaba en $ 35.500 millones para 2020.

2) Resultado contable: Diferencia entre el total de los ingresos y el total de las erogaciones de la Caja, estimado en $ 20.800 millones en 2020

3) Resultado con reglas nacionales: El que tendría la Caja de Córdoba si se aplicaran las reglas que rigen en el ámbito nacional, es decir, el déficit que ANSeS debería financiar si la Caja de Córdoba se hubiera transferido a la Nación. Estimado en $ 14.000 millones en 2020, previo a la reforma.

Se estima que las remesas que ANSeS enviará en 2020 a la Caja de Córdoba resultarán de alrededor de $ 10.000 millones, para cubrir parte del déficit estructural. Quiere decir que, de cumplir ANSeS con el convenio vigente, cubriría aproximadamente 28% del déficit estructural del sistema previsional. El restante 72% lo estaría cubriendo la provincia de Córdoba, por dos vías: 1) Con aportes y contribuciones complementarios (superiores a los que aplican las Cajas provinciales transferidas a la Nación); 2) Con transferencias directas del Tesoro Provincial a la Caja, financiado con sus recursos tributarios.

En Córdoba (como seguramente ocurre en otras provincias), en los últimos años, además del nivel del déficit se presentaba un problema con su dinámica, pues resultaba explosiva: mientras en 2016 el déficit estructural de la Caja era equivalente a tres meses de recaudación de impuestos provinciales, en 2020 (sin reforma) hubiese resultado equivalente a 3,8 meses de la recolección de impuestos locales.

De tal forma, previo a la reforma de 2020, el déficit de la Caja de Córdoba aumentaba a mayor ritmo que los recursos tributarios de la provincia, lo que implicaba asignar cada vez una mayor porción de los impuestos para afrontar un déficit previsional generado por el pago de jubilaciones y pensiones que resultan relativamente más altas que las nacionales.

Así, se agrava un problema de equidad entre los trabajadores públicos de la provincia de Córdoba y sus pares privados, dado que éstos cobran remuneraciones más bajas que aquellos, y sus jubilaciones en ANSeS serán también menores. Por caso, mientras en 2016 el salario público promedio de quienes aportan a la Caja de Jubilaciones resultaba un 17% mayor al salario privado promedio de Córdoba, en el primer trimestre de 2020 la diferencia se había ampliado al 25%.

Tras la reforma implementada en mayo (Ley Provincial N°10.694), el déficit previsional bajaría en $ 6500 millones este año, el equivalente a 31% del déficit contable pre-reforma, y a 18% del déficit estructural esperado para 2020. Así, el aporte del Tesoro Provincial para cubrir el déficit bajaría de $ 10.700 millones a $ 4200 millones. Esto siempre y cuando la ANSeS cumpla con transferir alrededor de $ 10.000 millones comprometidos este año, situación que expone un riesgo potencial, si se tiene en cuenta que en el pasado no siempre se cumplió en tiempo y forma con esos envíos.

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