La ley que puede limitar exportaciones cuando el Gobierno pide aumentarlas

Es difícil de explicar. Y por eso cuesta tanto recrear la confianza en la Argentina. Una semana después de que el Gobierno anunciara un pequeño paquete de medidas para estimular las exportaciones, con el abierto propósito de impulsar la acumulación de reservas, el Congreso aprobó una ley que va en sentido contrario. La nueva ley sobre Economía del Conocimiento ajustó las reglas impositivas sobre el sector, y si bien hay incentivos para las empresas más chicas, otras reglas le complican las reglas a las exportadoras.

La norma, por ejemplo, no permite computar como pago a cuenta de Ganancias el pago de retenciones sufridas por impuestos análogos cancelados en el exterior. También se aplicará un sistema que regía en el régimen anterior, que establece que el bono fiscal por el 70% de las contribuciones pagadas al personal, computable para el pago de IVA, no podrá ser transferible y vencerá a los 24 meses. Ese beneficio no le servirá a las empresas que no operan para el mercado interno y solo exportan sus servicios (el objetivo declarado de la ley), ya que no deben tributar IVA por sus ventas al exterior.

El Congreso aprobó modificaciones al proyecto original, promulgado en mayo de 2019, por considerar que los beneficios que otorgaba estaban sesgados a favor de grandes empresas como MercadoLibre. La propuesta buscó darle más beneficios a las pymes, pero al mismo tiempo acotó los estímulos con los que se había generado el crecimiento de este sector, uno de los más dinámicos de la economía argentina, que en 2018 ya había aportado divisas por más de u$s 6000 millones.

La ley original le había dado estabilidad fiscal a las empresas por el período de vigencia del régimen, que fue previsto hasta 2029. La corrección ahora determina estabilidad sobre los beneficios, pero no sobre la carga total que implican, lo cual abre la puerta a modificaciones que pueden cambiar tanto el flujo de inversión como el retorno previsto. Por último, no permite aplicar la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al ejercicio en curso, con lo cual queda un año sin beneficios.

Las compañías saben que la estabilidad y los estímulos que sí ratifica la ley son mejores que nada. Pero no van a garantizar que se cumplan las proyecciones más optimistas que tenía la industria. Más allá de la razonabilidad de algunos de los cambios, predominó el sesgo ideológico sobre el económico.

Los legisladores se plegaron al síndrome Mercado Libre, esa reacción que determina que un beneficio es bueno solo si se aplica a una baja escala (una pyme), dándole la espalda al hecho de que las empresas más grandes tienen más capacidad de invertir y de crear empleo que las más chicas. Lo importante debería ser que los objetivos se cumplan. La política tiene que crear los medios para alcanzarlos, y no a la inversa.

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