Viernes  03 de Marzo de 2017

Justicia 2020: hacia la modernización del sistema judicial de la Argentina

El Ministerio de Justicia avanzó con determinación hacia la modernización de la justicia argentina. Es un desafío que resultaba inevitable: el proceso ya está en marcha y no hay forma de volver atrás. El plan Justicia 2020 trabaja, entre otras cosas, en el uso del expediente digital, la despapelización, el mejor acceso a la información y prácticas de mayor transparencia.
La tecnología avanza a su propio ritmo modificando la vida de las personas, la lógica de las empresas y las organizaciones y, por supuesto, el funcionamiento de las áreas del Estado.
Hoy más que nunca la velocidad de los cambios tecnológicos generan un nuevo desafío para el mundo del Derecho y la Justicia. Cambiar y adaptarse al mundo digital es un proceso inevitable y más que necesario.
En los últimos años, la demanda al sistema de justicia creció de manera progresiva en todo el país, pero las estructuras del Poder Judicial no fueron modificadas para dar respuesta a esta realidad.
De acuerdo a un diagnóstico realizado por el Programa de Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en la Argentina, la justicia formal tiene altas barreras de acceso, baja calidad en la prestación de servicios y problemas relacionados con la falta de transparencia e independencia. Hay tribunales sobrecargados y sin procesos de gestión de calidad, que deben atender una gran cantidad de causas con pocos recursos. Esto genera un incremento en el nivel de ineficiencia de la justicia, que demora sus pronunciamientos y afecta directamente el acceso a justicia de las personas.
En este escenario, resulta crítico pensar un nuevo modelo organizacional que acompañe este cambio y pueda dar respuestas en los tiempos y las formas necesarios hoy en día.
Los primeros pasos hacia la modernización se dieron un tiempo atrás, con la implementación progresiva de distintas iniciativas orientadas a incorporar nuevas herramientas tecnológicas en los procesos judiciales. Por ejemplo, en el 2011 se sancionó la Ley 26.685 que autoriza la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan antes del Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.
Otro progreso se dio cuando la Corte dictó la Acordada 31/2011 en la que se avanzó de manera más profunda hacia la digitalización porque anunciaba la instalación de un Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE).
La realización de notificaciones electrónicas y presentaciones electrónicas forman parte de la primera fase del proceso de la modernización de la gestión judicial. El verdadero reto para completar la tarea es la generalización del expediente digital en los sistemas judiciales.
Sin embargo, existe un programa ambicioso impulsado por el Ministerio de Justicia para construir las bases de una justicia más cercana a la gente, moderna, independiente y transparente.
Justicia 2020 es una herramienta de cumplimiento de las metas institucionales incluidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que tiene como objetivo principal la incorporación de nuevas tecnologías para modernizar los procesos antiguos y satisfacer las necesidades de la población en forma ágil y eficiente.
El programa Justicia 2020 centra sus esfuerzos en la promoción del uso del legajo digital y su gestión electrónica a nivel nacional, lo que colaborará con las existentes iniciativas de despapelizar la administración pública, agilizar los trámites y facilitar el acceso a la información. Al mismo tiempo, todas estas acciones ayudarán a transparentar y consolidar estadísticas e indicadores de los sistemas judiciales.
La Justicia empezó el inevitable y necesario camino hacia su transformación, y ya no podrá volver atrás. Con aciertos y algunas reformulaciones, el proceso hacia la modernización de la Justica ya está en marcha. Todos los protagonistas del mundo del Derecho deberán más temprano que tarde sumarse a esta nueva revolución.

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