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El Centro Democrático prepara un proyecto de ley con el que pretende introducir cambios a la reforma pensional impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro y establecida mediante la Ley 2381 de 2024. La iniciativa sería presentada ante el Congreso en las próximas semanas, aunque su articulado todavía se encuentra en construcción y existen diferencias dentro de la colectividad sobre algunos de sus alcances.
Senadores del Centro Democrático como Andrés Forero y Claudia Margarita Zuleta han adelantado algunos de los principales cambios que estudia el partido, entre ellos una modificación al umbral de cotización, nuevas alternativas para quienes no cumplen las semanas requeridas y mayores restricciones a determinados subsidios pensionales.
Volvería la posibilidad de elegir entre devolución de saldos y una mesada
Uno de los cambios planteados está dirigido a las personas que llegan a la edad de retiro sin haber reunido las semanas necesarias para acceder a una pensión de vejez.
La propuesta pretende que estos afiliados puedan decidir entre recibir la devolución de los recursos acumulados o permanecer dentro de un esquema que les permita obtener una mesada o renta vitalicia de menor cuantía con apoyo estatal.
Actualmente, las alternativas dependen del régimen al que pertenezca cada trabajador. En Colpensiones existe la indemnización sustitutiva, mientras que en los fondos privados está contemplada la devolución de saldos.
El Centro Democrático considera que recuperar la posibilidad de escoger permitiría tener en cuenta las circunstancias particulares de cada afiliado. La propuesta también plantea que esta decisión sea regulada y acompañada de asesoría para evitar que una persona asuma por completo el riesgo de quedarse sin ingresos durante la vejez.
El planteamiento tiene relación con el pilar semicontributivo y con mecanismos como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), destinados a personas que no logran cumplir las condiciones para obtener una pensión.
El umbral de cotización podría bajar de 2,3 a un salario mínimo
El umbral de cotización es uno de los puntos centrales de la eventual contrarreforma. La Ley 2381 estableció que los aportes correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos deben dirigirse a Colpensiones, mientras que el excedente puede permanecer en el componente de ahorro individual administrado por un fondo privado.
El Centro Democrático estudia reducir ese límite a un salario mínimo, una modificación que cambiaría el alcance del sistema de pilares y la cantidad de trabajadores cuyos aportes quedarían sujetos a ese esquema.
La propuesta está vinculada con la intención de devolver mayor capacidad de elección a los afiliados entre el régimen de ahorro individual y el sistema de pilares. Para la colectividad, el objetivo sería evitar una concentración excesiva del flujo de cotizaciones en Colpensiones y permitir que ambos modelos tengan una mayor participación.
El cambio también tiene una dimensión fiscal. Claudia Margarita Zuleta y Paloma Valencia han cuestionado el costo que podrían representar para el Estado los subsidios asociados a trabajadores con ingresos superiores al salario mínimo, mientras que expertos advierten que cualquier modificación debe evaluar simultáneamente la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad real de los colombianos para ahorrar durante su vida laboral.
Habría límites adicionales para los subsidios de las pensiones altas
Otro de los puntos que analiza el Centro Democrático está relacionado con los subsidios estatales destinados a las pensiones de mayores ingresos.
La reforma de Petro ya estableció que el componente subsidiado del sistema público tiene como referencia los primeros 2,3 salarios mínimos. La colectividad considera que este mecanismo podría modificarse para evitar que personas con ingresos elevados reciban subsidios públicos de gran magnitud.
La discusión todavía no tiene definido un límite concreto. Andrés Forero mencionó como referencia casos de trabajadores que reciben ingresos equivalentes a 10 o 25 salarios mínimos, aunque aclaró que el proyecto deberá establecer el nivel a partir del cual se aplicaría una eventual restricción.
La preocupación también ha sido expresada por Paloma Valencia, quien sostiene que los recursos públicos deberían concentrarse en las personas con menores posibilidades de generar ahorro suficiente para la vejez.
El debate adquiere especial relevancia por el impacto que tienen los subsidios sobre las finanzas públicas. Por eso, una eventual modificación tendría que determinar no solo quién puede acceder a ellos, sino también hasta qué nivel de ingresos resulta justificable mantener ese respaldo estatal.
Se mantendría el pilar solidario y los apoyos para adultos mayores
Aunque el Centro Democrático plantea modificar varios elementos de la reforma pensional, la propuesta no contempla eliminar el pilar solidario destinado a quienes no pudieron cotizar lo suficiente para obtener una pensión.
Andrés Forero señaló que este componente debería mantenerse como mecanismo de protección para las personas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, recordó el papel que ya cumplía Colombia Mayor antes de la aprobación de la Ley 2381 de 2024.
La discusión parte de reconocer que una parte importante de la población llega a la edad de retiro sin haber logrado construir una pensión debido, entre otros factores, a la informalidad laboral y a las dificultades para completar las semanas exigidas.
Según los datos citados por Portafolio, la informalidad laboral llegó al 54,5% entre abril y junio de 2026, mientras que en las zonas rurales alcanzó el 83,2%. Estas condiciones dificultan la continuidad de las cotizaciones y representan uno de los principales desafíos para la cobertura pensional.
El proyecto también deberá considerar la sostenibilidad financiera de los nuevos componentes. De acuerdo con los análisis citados por el medio, existen proyecciones sobre el agotamiento futuro del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y sobre el aumento del gasto público asociado al pilar semicontributivo.
La propuesta del Centro Democrático, por ahora, continúa en etapa de construcción. Además de definir el nuevo umbral y las opciones para quienes no alcanzan a pensionarse, el proyecto deberá establecer cómo funcionaría la libertad de elección entre los diferentes componentes del sistema y qué mecanismos permitirían mantener los beneficios destinados a la población más vulnerable sin aumentar de manera insostenible las obligaciones del Estado.
