Un célebre naufragio del siglo XIX, que transportaba un valioso cargamento de oro, fue localizado hace varias décadas y se encuentra a más de 2.000 metros de profundidad bajo el agua. Este caso emblemático es de gran relevancia histórica.
A lo largo del tiempo, la historia ha acumulado diversas capas: expediciones realizadas entre 1988-1991 y una operación más reciente en 2014 lograron recuperar monedas, lingotes y piezas. Las estimaciones históricas indican que se embarcaron decenas de toneladas en 1857, aunque solo se ha logrado rescatar una pequeña fracción de este tesoro.
La realidad del “barco de oro”
De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el hallazgo fue localizado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las campañas de rescate posteriores (fines de los 80 y en 2014) recuperaron parte del cargamento. La última de ellas se dio en un tiempo reciente, en 2014.
Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación.
Explora los orígenes del tesoro marino
Oro bajo el agua: las cifras clave del caso SS Central America
Datos esenciales para contextualizar el “hallazgo del siglo”:
- Profundidad: 2.200 metros (7.200 pies).
- Localización: Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur (EE.UU.).
- Descubrimiento moderno: 1988; recuperaciones a fines de los 80 y en 2014.
- Carga estimada: decenas de toneladas en 1857; solo una parte fue rescatada y judicializada.
En este contexto, la competencia se estableció en los tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur, que se asemeja a una provincia en sistemas federales.
Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de diversas partes involucradas.
Hubo recuperaciones del oro entre 1988 y 1991 y una expedición en 2014, la cual se llevó a cabo mediante vehículos operados remotamente.
Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a la sentencia; el Estado mantuvo un interés en el patrimonio y la regulación.