El Gobierno de Rusia ha intensificado en los últimos meses una estrategia de reclutamiento dirigida a estudiantes universitarios, en el marco de la guerra contra Ucrania. Según testimonios recogidos por CNN y evidencia de fuentes abiertas, esta campaña incluye presión directa desde las propias universidades para que los jóvenes se incorporen a nuevas unidades vinculadas a drones militares. Con el conflicto ya extendido durante varios años, el Kremlin busca sostener el flujo de soldados sin recurrir a una movilización masiva como la de 2022. En ese contexto, distintos estudiantes aseguraron que en sus centros educativos “todo cambió” y que ahora existen llamados constantes a sumarse al ejército. Organizaciones independientes advierten que las universidades, que históricamente funcionaron como espacio de postergación del servicio militar, se están convirtiendo ahora en uno de los canales más activos de captación. La situación dejó expuesta una tensión inédita entre la vida académica y la maquinaria bélica rusa. De acuerdo con la investigación, desde comienzos de 2026 múltiples universidades comenzaron a difundir videos, charlas y material promocional sobre las llamadas Fuerzas de Sistemas No Tripulados, una nueva rama militar enfocada en el uso de drones. Esta iniciativa incluye eventos, conferencias y publicaciones en redes sociales dentro de los campus. En algunos casos, los mensajes están diseñados específicamente para jóvenes, vinculando habilidades como el uso de videojuegos con el manejo de drones. También se ofrecen contratos de corta duración, beneficios económicos y tareas alejadas del frente, aunque expertos advierten que estas condiciones pueden no cumplirse en la práctica. Además, una base de datos elaborada por un medio independiente identificó a más de 200 instituciones educativas que participan en la difusión de estas iniciativas, incluidas algunas de las más prestigiosas del país. Varios estudiantes señalaron que la campaña no se limita a la promoción, sino que incluye presiones directas e incluso amenazas. Entre los testimonios, se mencionan reuniones obligatorias, carteles en los campus y mensajes reiterados que generan un clima de fuerte insistencia. Algunos casos indican que estudiantes con dificultades académicas reciben sugerencias para incorporarse al ejército como alternativa a la expulsión. Según los relatos, esto incluye plazos más estrictos para aprobar materias o advertencias sobre consecuencias si no regularizan su situación. Especialistas en derecho militar sostienen que los contratos ofrecidos podrían implicar compromisos más extensos de lo que se comunica inicialmente, ya que el marco legal vigente permite extender el servicio mientras continúe el contexto de movilización. La intensificación de estas tácticas se produce en un escenario donde las bajas en el frente y la necesidad de reemplazos generan presión sobre el sistema de reclutamiento. Analistas internacionales consideran que estas medidas reflejan un intento de ampliar las fuentes de incorporación sin recurrir a medidas masivas que puedan generar rechazo social. Al mismo tiempo, expertos advierten que involucrar a las universidades en este proceso podría tener costos políticos y sociales, ya que estos espacios históricamente funcionaban como una vía para postergar o evitar el servicio militar obligatorio. Distintos testimonios coinciden en que el clima dentro de algunas instituciones cambió significativamente, con estudiantes que describen una sensación creciente de presión y desconfianza frente a las autoridades educativas.