Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo en Colombia comenzaron el año con serias dificultades económicas. A más de dos semanas del inicio de 2026, el sindicato SINECODEP denunció que más de 4.200 defensores públicos y un número significativo de contratistas siguen sin recibir el pago de sus honorarios, una situación que ya completa 45 días de retraso.
Desde la organización sindical advirtieron que, pese a la falta de recursos, los funcionarios continúan cumpliendo sus labores, muchas veces recurriendo al endeudamiento personal para sostener a sus familias. Según el gremio, el retraso en los pagos afecta directamente a quienes garantizan el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables en distintas regiones del país.
Con el correr de los días, la preocupación creció entre los trabajadores, quienes aseguran que la carga laboral se mantiene sin modificaciones, al igual que las exigencias contractuales, a pesar de no contar con ingresos desde hace semanas.
Falta de pago y reclamos al Gobierno
De acuerdo con lo expresado por SINECODEP en un comunicado divulgado por 6AM W, la falta de pago estaría relacionada con la no expedición del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente a diciembre de 2025 por parte del Ministerio de Hacienda, pese a las solicitudes formales realizadas por la propia Defensoría del Pueblo.
El sindicato sostuvo que esta situación representa un menoscabo a derechos fundamentales de los trabajadores, quienes hoy enfrentan precariedad económica, afectaciones familiares y dificultades para cubrir gastos básicos.
Además del pago inmediato de los honorarios adeudados, los empleados reclaman una actualización de los contratos que contemple un incremento igual o superior al aumento del salario mínimo para 2026, fijado en 23%, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Protestas y cese de actividades anunciados
En este contexto, SINECODEP anunció un plan de movilizaciones que comenzará a principios de la semana. El lunes 19 de enero de 2026 se realizarán plantones en Bogotá, frente al Ministerio de Hacienda y a la Defensoría del Pueblo.
Para el martes 20 de enero, el sindicato convocó a un cese de actividades de defensores públicos, acompañado de movilizaciones en el Complejo Judicial de Paloquemao y en otras ciudades del país, como medida de presión para exigir una solución inmediata al conflicto salarial.
Las protestas se desarrollarán mientras los trabajadores esperan una respuesta concreta de las autoridades, en un escenario que mantiene en alerta al sistema de defensa pública y a miles de ciudadanos que dependen de estos servicios.
