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La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia decidió, por mayoría, suspender los efectos del decreto de emergencia económica que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había expedido en diciembre de 2025. La medida fue adoptada con seis votos a favor y dos en contra, generando expectativas sobre posibles efectos retroactivos y marcando un giro en la jurisprudencia del alto tribunal.
La suspensión provisional detiene temporalmente la aplicación de la emergencia económica mientras se adelanta el examen de fondo de su constitucionalidad. La Corte deberá definir si los recursos recaudados bajo ese decreto deben devolverse a quienes fueron afectados por su implementación.
La decisión también ha generado un fuerte debate político y jurídico, pues rompe con decisiones anteriores del tribunal y plantea un nuevo escenario para el uso de los estados de excepción como herramienta administrativa y fiscal.
Qué significa la suspensión del decreto de emergencia económica
La Corte Constitucional decidió pausar temporalmente los efectos del decreto de emergencia económica, lo que implica que sus disposiciones no pueden seguir aplicándose hasta que se emita una decisión de fondo. Esta suspensión provisional actúa como una medida cautelar dentro del proceso de revisión de constitucionalidad.
Uno de los aspectos clave que deberá resolver el alto tribunal es si la medida puede producir efectos retroactivos, específicamente en cuanto a la devolución de los recursos recaudados bajo el decreto. Esta determinación tendrá implicaciones directas para personas y empresas que ya realizaron pagos o contribuciones basadas en la emergencia.
La suspensión no significa el fin definitivo de la norma, sino una pausa mientras se evalúa su ajuste a la Constitución. El análisis de fondo será determinante para establecer si el decreto se mantendrá vigente o si será declarado inconstitucional de manera definitiva.
División en la Corte y decisión de la mayoría
La decisión de suspender el decreto fue adoptada por seis votos a favor y dos en contra. Los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández se opusieron a la medida y salvaron su voto, mientras que los demás miembros de la Sala Plena avalaron la suspensión provisional.
La votación se dio en un contexto especial, pues un día antes la Sala aprobó el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente saliente de la Corte, en los expedientes relacionados con el estado de excepción. El impedimento fue solicitado tras cuestionamientos sobre declaraciones previas del magistrado y su posible prejuzgamiento.
La Corte espera continuar con el estudio de fondo del decreto en las próximas sesiones, con la participación de otros magistrados designados para sustanciar los expedientes en curso.
Contexto político y jurídico del decreto de emergencia
El decreto de emergencia económica fue expedido por el Gobierno nacional el 22 de diciembre de 2025, con el fin de atender un vacío fiscal de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. La medida se presentó como una herramienta necesaria para garantizar el pago de obligaciones como la unidad de pago por capitación (UPC), sentencias judiciales y seguridad pública.
La iniciativa fue emitida después de que el Congreso archivara la reforma tributaria que buscaba recaudar ese monto. Desde entonces, el Gobierno ha sostenido que la emergencia era indispensable para estabilizar las finanzas públicas, aunque la oposición política y expertos constitucionalistas han cuestionado su uso.
La Ley 137 de 1994, que regula los estados de excepción en Colombia, establece parámetros sobre su aplicación, incluyendo la necesidad de que respondan a hechos sobrevenidos e imprevistos, y su revisión automática por parte de la Corte Constitucional.
Reacciones políticas a la decisión de la Corte
La suspensión del decreto generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su inconformidad a través de redes sociales, calificando la decisión como injusta y afirmando que la emergencia respondía a desafíos fiscales reales.
Por su parte, sectores de la oposición y algunos expertos constitucionalistas han respaldado la decisión de la Corte, señalando que la revisión de fondo es necesaria para garantizar el respeto a la Carta Magna y evitar el uso excesivo de estados de excepción.
Mientras tanto, el Gobierno anunció que estudia la posibilidad de prorrogar la emergencia económica dentro del marco legal, tal como lo permite la ley estatutaria cuando se cumplen ciertos requisitos y se garantiza la vigilancia del Congreso y la Corte.
