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En medio de la guerra comercial detonada por los aranceles establecidos el 2 de abril, el creciente descontento por el manejo del caso Epstein y la constante disputa con la Reserva Federal por las tasas de interés, Donald Trump presta atención a un nuevo frente de batalla: el dominio del Partido Republicano en el Congreso de cara a las elecciones legislativas de 2026.
El centro de la escena es el gobierno del estado de Texas, donde un grupo de legisladores republicanos liderados por el gobernador Greg Abbott y respaldados por el presidente de la nación, buscan reconfigurar el mapa electoral para ganar 5 asientos nuevos en la Cámara de Representantes durante la próxima instancia electoral.
Actualmente, de las 38 bancas que dispone el estado en la Cámara, los republicanos ocupan 25. El proyecto, presentado por el representante Todd Hunter, ampliaría el total a 30, con modificaciones en las áreas metropolitanas de Austin, Dallas, Houston y en el sur de Texas.
La propuesta suscitó una serie de críticas de la oposición, incluyendo una contrapropuesta del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien planteó su intención de convocar a los residentes del estado a las urnas en noviembre para que el electorado apruebe nuevos mapas electorales que beneficiarían al partido azul.
Pero, ¿esta maniobra política es legal o una violación de la Ley del Derecho al Voto de 1965 como denuncian los legisladores demócratas? ¿Y qué revela sobre la estrategia electoral de un Partido Republicano con Trump 2.0 a la cabeza?
Texas, el eje de la estrategia republicana para retener el Congreso en 2026
El mapa electoral propuesto por los republicanos de Texas el pasado miércoles 30 de julio responde al plan de redistribución de distritos que el presidente Trump había anticipado semanas atrás en declaraciones a la prensa.
"Podríamos obtener tres, cuatro o cinco bancas más en otros estados también. Texas sería el más importante", expresó. "Con una simple redistribución, ganamos cinco bancas."
Ese mensaje explica por qué el gobernadorAbbott solicitó a la legislatura estatal que impulsara una nueva redistribución durante la sesión especial de verano.
A seis meses del inicio del segundo mandato de Trump, esta parece ser la estrategia central del Partido Republicano para revertir la tendencia histórica que favorece al partido opositor en las elecciones de medio término, previstas para noviembre del próximo año.
Además, si bien los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras, la diferencia es estrecha: cuentan con 53 escaños frente a 47 en el Senado, y apenas 219 bancas contra 215 en la Cámara de Representantes, por lo que necesitan mantener una fuerte cohesión interna para sacar adelante sus proyectos.
Críticas al nuevo mapa de Texas: acusaciones de gerrymandering y violación de derechos electorales
La principal crítica de la oposición progresista apunta a la forma en que se diseñó el nuevo mapa electoral. La propuesta extiende distritos con mayoría demócrata hacia zonas del este y oeste del estado, donde predominan los votantes republicanos, lo que diluye el peso electoral del área de Dallas-Fort Worth y otros focos urbanos de votos azules, mediante una práctica conocida como gerrymandering.
Sin embargo, de acuerdo con los demócratas, la redistribución tiene una correlación racial, lo que violaría la Ley del Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act). Esa norma prohíbe prácticas que diluyan el peso del voto de las minorías raciales, como dividirlas en varios distritos (una maniobra conocida como cracking) o concentrarlas en uno solo para reducir su influencia en otras zonas (packing).
Los legisladores demócratas señalan, además, que varios de los distritos afectados -como el de Al Green (Texas-9) y el de Sylvia Garcia (Texas-29)- están compuestos mayoritariamente por comunidades negras, latinas o asiáticas.
"Si a Trump se le permite destrozar la Ley del Derecho al Voto aquí en el centro de Texas, su maniobra se extenderá como un reguero de pólvora por todo el país", dijo el representante estatal demócrata por el distrito 35, Greg Casar, en un comunicado. "Todos los que se preocupan por nuestra democracia deben movilizarse contra este mapa ilegal."
Sin embargo, los demócratas del estado de California parecen querer adoptar la misma estrategia como respuesta al plan republicano.
California responde: la jugada de Newsom frente al avance republicano
Tan solo un día después de la oficialización del plan en Texas, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que buscará convocar a una elección especial en noviembre para que los votantes del estado aprueben un nuevo mapa electoral para la Cámara de Representantes, adoptando así la misma estrategia que los republicanos intentan desplegar en el sur.
En California, la redistribución de distritos está a cargo de una comisión independiente desde 2010, creada por los propios votantes para evitar manipulaciones partidarias. Sin embargo, la Constitución estatal permite que se aprueben cambios mediante referéndum.
Newsom propone utilizar ese mecanismo para aplicar una excepción temporal: que el electorado autorice nuevos mapas diseñados junto a legisladores y aliados del Congreso, válidos por tres ciclos electorales (2026, 2028 y 2030). Luego, la comisión volvería a asumir el control como estaba previsto.
"Esto no es para eliminar la comisión independiente", aclaró el gobernador, aunque aún no hay fecha definida para esa votación ni para la oficialización del referéndum. "Es una respuesta directa al intento del presidente de manipular el sistema."
El intento de contrarrestar la alianza entre Trump y Abbott en Texas también refleja el esfuerzo de Newsom por asumir un rol protagónico dentro de un Partido Demócrata debilitado y prácticamente acéfalo desde la derrota de Kamala Harris.
Los republicanos, por otro lado, avanzan con una estrategia clara y ultracentralizada bajo el liderazgo de Trump. Mientras los demócratas buscan reordenarse, el oficialismo ya está redibujando el terreno electoral. En 2026, lo decisivo podría ser no solo qué se vota, sino quién lidera.
