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Desde este 2026, los jóvenes que no se inscriban en el registro militar serán objeto de sanciones económicas. Esta medida tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de una obligación que, aunque frecuentemente es ignorada, resulta fundamental dentro del sistema administrativo de Perú.
La normativa establece que todos los jóvenes que cumplen 17 años están obligados a realizar la inscripción, un trámite que no conlleva unirse al servicio militar, sino que simplemente deben quedar registrados.
No obstante, el incumplimiento de esta obligación se convierte en un asunto relevante y se traduce en consecuencias económicas precisas.
Multa obligatoria: monto a abonar por aquellos que incumplan.
Quienes no cumplan con el registro en el plazo estipulado serán considerados “omisos” y deberán asumir una sanción equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en el año 2026 asciende a aproximadamente 275 soles.
Esta sanción entra en vigor una vez que se ha sobrepasado el plazo legal y permanece vigente hasta que el joven logre regularizar su situación.
A pesar de que existe la opción de regularizarse en el futuro, la penalización económica no se extingue automáticamente. Solo puede ser evitada en circunstancias específicas, como cuando el joven opta por unirse al servicio militar voluntario dentro del plazo que establece la ley.
Quiénes están obligados a inscribirse y desde qué momento se establece la sanción.
En Perú, la normativa establece que todos los jóvenes que cumplen 17 años deben inscribirse obligatoriamente en el registro militar, sin distinción de género.
Este proceso:
- Es obligatorio por ley
- Debe realizarse antes de cumplir los 18 años
- No implica incorporarse al servicio militar (es solo un registro administrativo)
Sin embargo, el incumplimiento tiene consecuencias claras.
Registro mandatorio, aunque sin obligación de prestación de servicio.
Uno de los aspectos que más confusión genera es si esta medida conlleva el restablecimiento del servicio militar obligatorio. La respuesta es negativa. El requisito es registrarse, no enlistarse. La finalidad del Estado es disponer de un registro actualizado de ciudadanos en edad militar, lo cual permite optimizar la organización de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, la disposición afecta principalmente a aquellos que están por alcanzar la mayoría de edad. A partir de este momento, la falta de realización del trámite ya no será considerada una omisión sin repercusiones: la ausencia de inscripción conlleva directamente a una sanción económica.
