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Estados Unidos financiará una base militar en América Latina a través de un nuevo acuerdo aprobado por el Departamento de Estado que prevé una inversión de u$s 1.500 millones.

El proyecto contempla el diseño y la construcción de infraestructura naval en Perú y ya fue notificado formalmente al Congreso estadounidense.

La iniciativa se canaliza como una posible venta militar extranjera y apunta a modernizar instalaciones estratégicas en el puerto del Callao, con apoyo técnico, logístico y de gestión por parte del gobierno y contratistas estadounidenses.

¿En qué consiste el acuerdo por la base militar en América Latina?

El acuerdo aprobado autoriza la provisión de servicios y obras para la Base Naval del Callao, incluyendo el diseño integral del proyecto, la construcción y la administración de las obras. La certificación fue emitida por la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, organismo encargado de informar al Congreso sobre este tipo de operaciones.

Entre los componentes incluidos se encuentran:

  • diseño y planificación del ciclo de vida del proyecto;
  • estudios y servicios de ingeniería;
  • gestión y supervisión de la construcción;
  • apoyo técnico, logístico y administrativo del gobierno de EE.UU. y contratistas.
El acuerdo aprobado autoriza la provisión de servicios y obras para la Base Naval del Callao

¿Qué impacto tendrá la inversión de u$s 1.500 millones en Perú?

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la operación busca fortalecer la seguridad de un socio clave en América del Sur y mejorar la infraestructura portuaria peruana para operaciones navales y logísticas actuales y futuras.

El proyecto permitiría reducir la interacción entre actividades civiles y militares en el puerto existente, aumentando la eficiencia y la seguridad.

Las autoridades estadounidenses aclararon que la iniciativa no alterará el equilibrio militar regional y que Perú podrá absorber sin dificultades los servicios y obras previstos.

La implementación requerirá la presencia de hasta 20 representantes del gobierno o contratistas de EE.UU. en el país durante un período máximo de diez años, sin impacto negativo sobre la capacidad de defensa estadounidense.