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El estado de Illinois comenzó a implementar a partir del 1 de julio nuevas disposiciones para los conductores adultos mayores que deseen mantener su licencia de conducir.
La normativa, establecida en la Ley HB 1226, requiere trámites específicos y, en ciertos casos, la realización de un examen de manejo obligatorio para poder proceder con la renovación del documento.
La legislación fue aprobada por la Asamblea General de Illinois. Aquellas personas que no cumplan con los requisitos establecidos no podrán renovar su licencia una vez que esta expire, lo que implicará la pérdida definitiva del mismo.
¿Qué procedimiento deben seguir los adultos mayores para conservar su licencia?
La normativa impone responsabilidades diferenciadas de acuerdo a la edad del conductor. A partir del mes de julio, los criterios establecidos son los siguientes:
Renovación presencial requerida de manera obligatoria
Los individuos que tengan 79 años o más deberán gestionar la renovación de su licencia de manera presencial en una oficina de la Secretaría de Estado. No tendrán la posibilidad de realizar este trámite por correo ni a través de medios digitales.
Examen de conducción requerido
Los conductores de 87 años o más deberán someterse a un examen de manejo para su renovación. Esta misma disposición es válida para aquellos que tengan 75 años o más y deseen obtener o renovar una licencia comercial.
La ley también faculta a que familiares informen a la Secretaría de Estado sobre el estado médico de un conductor mayor. No obstante, la oficina no está en condiciones de actuar sobre informes anónimos.
¿Cómo repercute esta disposición en los ancianos y sus familias?
El impacto resulta ser directo: aquellos que no se ajusten a los nuevos requisitos no podrán renovar su licencia de conducir al vencimiento, quedando inhabilitados para manejar legalmente.
Para las familias, esta legislación proporciona un canal formal de intervención. Si un familiar estima que un adulto mayor ya no es apto para conducir por motivos médicos, tiene la facultad de notificarlo oficialmente ante la Secretaría de Estado, siempre y cuando la denuncia no sea anónima.