

El presidente Donald Trump volvió a endurecer la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba al firmar este lunes un nuevo memorando presidencial que restablece fuertes restricciones económicas y de viaje similares a las de su primer mandato.
Entre las medidas más destacadas se incluye la prohibición totaldel turismo estadounidense a Cuba y el refuerzo del embargo económico vigente contra la isla.
Fin del turismo estadounidense a Cuba
Con esta decisión, el Gobierno de Trump impone una prohibición legal al turismo de ciudadanos estadounidenses hacia Cuba. Las nuevas normas bloquearán todas las transacciones económicas que, según Washington, beneficien de forma desproporcionada al régimen cubano, incluyendo agencias militares, de inteligencia y de seguridad.

La medida representa un fuerte retroceso respecto a las políticas de acercamiento impulsadas por administraciones anteriores. Desde ahora, cualquier actividad económica con Cuba deberá pasar por un filtro que asegure que no favorece al Estado comunista.
Confirmado: no vuelve la política de Pie Seco, Pie Mojado
El memorando también deja en claro que la administración no restablecerá la política de "Wet Foot, Dry Foot", que en el pasado permitía a los migrantes cubanos quedarse legalmente en EE.UU. si llegaban a suelo estadounidense. Esta política fue eliminada en 2017 y, bajo el nuevo marco, no será reactivada.
En paralelo, el presidente Trump firmó este año una prohibición de viajes a EE.UU. que incluye a Cubay otros 11 países, en el marco de un mayor control migratorio.
Como parte del nuevo paquete, la Casa Blanca también ordenó una revisión detallada de las violaciones de derechos humanos en Cuba, que incluirá casos de detenciones arbitrarias y tratos inhumanos. Además, el Gobierno estadounidense exigirá un informe sobre los fugitivos de la justicia de EE.UU. que actualmente viven bajo protección del régimen cubano.
Simplificación para inversiones en energía y recursos críticos
En otro memorando firmado este lunes, el presidente instruyó a las agencias federales a unificar los procesos regulatorios para empresas que buscan financiamiento en proyectos de infraestructura energética y minerales estratégicos. Se implementará una "solicitud común" que permita acceder a fondos federales de forma más eficiente, eliminando duplicaciones burocráticas.













