Pésima noticia para migrantes de Florida: los condados que se unen al Gobierno de Donald Trump para ayudar a deportar indocumentados
A pesar de las críticas, Florida se consolida como uno de los estados con una política migratoria más estricta, alineada con las directrices de la administración Trump.
La regulación migratoria en Florida se endurece con la adhesión de todos los condados del estado a un programa federal que facilita la identificación y retención de inmigrantes indocumentados. Esta decisión refuerza la colaboración entre las autoridades estatales y la administración de Donald Trump, acelerando los procesos de deportación.
El gobernador Ron DeSantis respalda esta estrategia a través de la implementación de medidas complementarias, como la ley estatal SB 4-C y la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración. Estos mecanismos buscan fortalecer la aplicación de las normativas migratorias en Florida.
Florida refuerza la colaboración con el Gobierno federal en deportaciones
La Asociación de Sheriffs de Florida anunció que los 67 condados del estado han firmado acuerdos con las autoridades federales para apoyar el programa 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales asumir funciones migratorias.
Con esta medida, los agentes pueden identificar y detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales u órdenes de deportación vigentes. Estos acuerdos también otorgan a organismos estatales, la facultad de interrogar y transferir detenidos al ICE.
Ley SB 4-C y Junta Estatal de Control de Inmigración
En paralelo, la legislación estatal ha reforzado el marco legal para la aplicación de estas políticas. La ley SB 4-C, aprobada recientemente, tipifica como delito el ingreso sin autorización al estado y establece penas de prisión de hasta nueve meses.
Asimismo, se creó la Junta Estatal de Control de Inmigración, presidida por DeSantis y altos funcionarios, con el objetivo de coordinar acciones entre distintos niveles de gobierno y garantizar la aplicación efectiva de estas medidas.
Todos los condados firmaron acuerdos con el Gobierno federal.
Las autoridades locales pueden identificar y detener indocumentados con antecedentes.
La ley SB 4-C establece penas de prisión para el ingreso ilegal.
Se creó la Junta Estatal de Control de Inmigración para supervisar estas políticas.
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¿Cuáles son las controversias y reacciones que hay en el estado de Florida?
Estas decisiones han generado un intenso debate. Mientras el gobernador DeSantis defiende la estrategia como una forma de restaurar el Estado de derecho y fortalecer la seguridad, sectores críticos advierten sobre su impacto en la economía, especialmente en industrias que dependen de la mano de obra inmigrante.
Organizaciones legales han anunciado que desafiarán judicialmente algunos aspectos de estas leyes, incluyendo disposiciones como la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por indocumentados. Sin embargo, las autoridades estatales aseguran que seguirán adelante con su implementación.
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