El presidente Donald Trump impulsa un plan para intensificar los procesos de desnaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización. La medida forma parte de su agenda de endurecimiento migratorio y genera preocupación entre miles de ciudadanos naturalizados. La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de control migratorio y revisión de beneficios otorgados en años anteriores. Ser ciudadano naturalizado en Estados Unidos implica haber nacido en otro país y haber obtenido la ciudadanía estadounidense tras cumplir determinados requisitos legales establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La naturalización exige, entre muchos puntos, residencia permanente legal durante un período determinado, demostrar buen carácter moral, aprobar un examen de educación cívica e idioma inglés y prestar juramento de lealtad. Una vez completado el proceso, la persona adquiere los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano nacido en territorio estadounidense. La administración busca que USCIS remita entre 100 y 200 casos por mes, de inmigrantes ya naturalizados, para evaluar posibles irregularidades en el proceso de naturalización. La revocación de la ciudadanía no es automática. Debe realizarse mediante un proceso judicial ante una corte federal y requiere probar que la persona obtuvo la ciudadanía mediante fraude, ocultamiento de información relevante o falsedad en su solicitud. Esta política se suma a otras medidas migratorias más restrictivas promovidas por la administración, incluyendo mayores controles sobre beneficios migratorios y un enfoque más severo en la fiscalización de antecedentes.