

Tras la oleada de detenciones y deportaciones que tuvieron lugar durante 2026, todos los inmigrantes deberían conocer qué documentos se pueden presentar ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para evitar cualquiera de estas dos consecuencias.
A pesar de que el principal objetivo de este escuadrón son inmigrantes sin un estatus migratorio legal, personas que no cuenten con la documentación necesaria al momento de control migratorio pueden verse afectadas.
Los documentos migratorios que pueden evitar una detención o deportación de ICE
Los extranjeros que residan en Estados Unidos pueden llevar documentación que permita demostrar rápidamente su identidad, estatus migratorio o permanencia en el país ante un encuentro con agentes de ICE.
De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) quienes poseen un estatus migratorio legal pueden presentar:
- Tarjeta de residencia permanente.
- Formulario I-94.
- Pasaporte con el sello correspondiente o documentos de viaje.
- Documento de Autorización de Empleo (EAD).
- Formulario I-797.
- Licencia de conducir o identificación estatal como respaldo de identidad.
USCIS recuerda que los extranjeros de 18 años o más que estén obligados a registrarse deben llevar consigo evidencia de ese registro.
En el caso de personas sin estatus migratorio legal, documentos como declaraciones de impuestos, contratos de alquiler, facturas de servicios, registros médicos o escolares pueden utilizarse para acreditar cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos.

¿A quiénes pueden detener los agentes de ICE?
ICE puede identificar y arrestar a extranjeros que estén sujetos a medidas de aplicación de las leyes migratorias. Esto no se limita a personas con antecedentes penales, sino que la agencia también interviene en casos de personas que violaron leyes migratorias, reingresaron ilegalmente tras ser expulsados o quienes tienen una orden de remoción.
Es importante aclarar que una detención de ICE no equivale a una deportación. En muchos casos, la persona pasa a un procedimiento de remoción ante un tribunal migratorio, donde el DHS debe sostener que es removible y el extranjero puede presentar argumentos o solicitar alguna forma de protección o alivio migratorio.
El Departamento de Justicia señala que ciertas personas pueden quedar sujetas a expulsión acelerada, como algunos extranjeros que llegan a un puerto de entrada sin la documentación requerida o utilizando documentos fraudulentos.

Las recomendaciones cuando un agente de ICE detiene a una persona
Una de las principales recomendaciones es mantener la calma y no entregar información falsa durante un encuentre con agentes migratorios. Además:
- Preguntar si la persona es libre de retirarse.
- Ejercer el derecho a permanecer en silencio y no responder preguntas sobre lugar de nacimiento o situación migratoria.
- No entregar documentación falsa.
- No consentir voluntariamente un registro.
- Solicitar hablar con un abogado en caso de quedar detenido.
- No firmar documentos cuyo contenido no se comprenda o sin asesoramiento jurídico.
¿Quiénes pueden ser deportados por agentes de ICE?
Una persona puede ser deportada del país cuando se encuentra alcanzada por alguna de las causales de inadmisibilidad o deportabilidad establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El Departamento de Justicia remite específicamente a las secciones 212 y 237 de la INA para determinar estas causales.
Esto puede incluir, según cada caso, a extranjeros que:
- Permanecen en el país sin autorización migratoria vigente.
- Incumplieron determinadas condiciones de su visa o estatus.
- Tienen una orden final de remoción.
- Reingresaron al país después de una expulsión sin la autorización correspondiente.
- Están comprendidos en otras causales migratorias previstas por la legislación, incluidas determinadas condenas penales.
ICE no determina por sí solo en todos los casos que una persona debe ser deportada. En los procedimientos ordinarios, son los jueces de inmigración quienes determinan si se puede deportar o no y evalúan las solicitudes de protección frente a la expulsión.
No obstante, existen excepciones en las que la ley autoriza procedimientos abreviados o administrativos.













