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La Administración del Seguro Social (SSA) anunció que revertirá una medida clave que afectaba directamente a millones de beneficiarios en Estados Unidos.
Se trata de la polémica política de verificación de identidad en persona, que iba a entrar en vigencia el 14 de abril de 2025 y que había generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones civiles, legisladores y expertos en derechos de personas mayores y con discapacidad.
¿Qué medida canceló la SSA y por qué?
La política originalmente exigía que quienes solicitaran beneficios del Seguro Social -como jubilación, beneficios de sobreviviente o pagos auxiliares para cónyuges e hijos- verificaran su identidad exclusivamente de manera presencial en una oficina de la SSA. Esta regla dejaba fuera la verificación por teléfono, lo que generó gran preocupación entre los sectores más vulnerables.
Sin embargo, tras una fuerte reacción pública y política, la SSA informó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que daba marcha atrás con la decisión. La medida había sido inicialmente prevista para el 31 de marzo, pero luego se había postergado al 14 de abril.
¿Qué cambiará en la verificación de identidad del Seguro Social?
La SSA anunció que continuará utilizando verificación antifraude para todas las solicitudes telefónicas, marcando aquellas que presenten indicadores de riesgo de fraude.
Los cambios entonces son:
Si una solicitud es considerada de bajo riesgo, el trámite podrá completarse en línea o por teléfono, sin necesidad de asistir en persona.
Si se detecta un posible riesgo de fraude, se requerirá una verificación presencial obligatoria para validar la identidad del solicitante.
Todas las solicitudes presenciales seguirán requiriendo verificación de identidad al 100%.
La SSA procesa cerca de 4.5 millones de solicitudes por teléfono al año, de las cuales solo unas 70,000 podrían ser marcadas con riesgo de fraude.
¿Cómo afecta este cambio a los beneficiarios del Seguro Social?
Esta decisión tiene un impacto directo en personas mayores, personas con discapacidad y beneficiarios que viven en zonas rurales o alejadas, quienes habrían enfrentado dificultades logísticas para trasladarse a una oficina del Seguro Social solo para verificar su identidad.
Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, 6 millones de adultos mayores viven a más de 72 kilómetros de la oficina del SSA más cercana. El requisito anterior habría significado una barrera de acceso para quienes más dependen del programa.
