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Una jueza federal en Baltimore restringió temporalmente el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, a los sistemas de datos de la Administración del Seguro Social.
La medida responde a una demanda impulsada por sindicatos y organizaciones de jubilados que alertaron sobre riesgos a la privacidad y posibles consecuencias sobre la operación regular de la agencia.
El fallo podría tener implicaciones directas sobre la continuidad y distribución de los cheques de estímulo mensuales. La jueza Ellen Hollander dictaminó que DOGE deberá abstenerse de utilizar datos que no hayan sido anonimizados, así como eliminar cualquier software que hayan instalado en los sistemas del Seguro Social.
Jaque a Elon Musk: una decisión judicial puede impactar en los cheques de estímulo
Durante la audiencia, Hollander interrogó con insistencia a los abogados del gobierno sobre por qué DOGE necesita un acceso "aparentemente sin restricciones" a información confidencial para combatir el fraude. El Departamento de Justicia argumentó que limitar ese acceso entorpecería los procesos de fiscalización, pero la jueza consideró que el riesgo para la privacidad es mayor.
La orden judicial impide que DOGE acceda a datos sensibles sin cumplir antes con estrictas medidas de verificación y entrenamiento. Además, obliga a eliminar todo dato no anonimizado recibido desde el 20 de enero y prohíbe cualquier modificación o divulgación de los sistemas de la agencia.
La polémica se da en un contexto de alta presión política. Manifestantes se concentraron en las afueras del tribunal y líderes sindicales denunciaron que esta intervención pone en riesgo los derechos de millones de beneficiarios, incluyendo jubilados y personas con discapacidad.
¿Por qué podrían correr peligro los pagos del Seguro Social?
Una de las mayores preocupaciones expresadas por los demandantes es que la intervención de DOGE pueda paralizar o retrasar los pagos mensuales de beneficios del Seguro Social, incluyendo los cheques de estímulo.
El actual comisionado, Leland Dudek, advirtió previamente que las restricciones impuestas por la jueza podrían obligarlo a suspender operaciones si el acceso no se restablece.
Aunque Hollander aclaró que los empleados regulares de la SSA mantienen su acceso, cualquier obstáculo técnico o administrativo derivado del conflicto con DOGE podría traducirse en demoras o interrupciones en los desembolsos mensuales, según documentos presentados por la defensa.
