Seguro Social "ilegal": denuncian a Elon Musk y al organismo por una medida sin precedentes
Acusan al empresario y a la agencia federal por una serie de recortes que habrían vulnerado derechos constitucionales.
Organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad demandaron a Elon Musk y a la Administración del Seguro Social (SSA) por aplicar recortes sin precedentes, que afirman son medidas "ilegales".
La denuncia, presentada en Washington D.C., acusa al gobierno y al empresario de violar leyes federales y derechos constitucionales tras cerrar oficinas clave y despedir a miles de empleados.
Según los demandantes, las medidas perjudican a millones de beneficiarios, en su mayoría personas mayores o con discapacidad, que dependen de este sistema para cobrar sus haberes.
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¿Por qué demandaron a Musk y al Seguro Social?
Cinco grupos y siete beneficiarios del sistema federal presentaron una demanda contra la SSA y el titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por aplicar despidos masivos y cerrar oficinas sin justificación legal.
Acusan que los recortes afectaron especialmente a personas con discapacidad y vulneraron su derecho a recibir atención y presentar reclamos. El cierre incluyó oficinas de atención al público y otras que investigaban denuncias por discriminación, fundamentales para el acceso al sistema.
La demanda pide frenar el cierre de oficinas, revertir los despidos de 7.000 empleados y evitar requisitos presenciales para cobrar beneficios.
¿Qué medidas implementó Musk y por qué generaron rechazo?
Elon Musk lidera el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, ente asesor oficial del gobierno de Donald Trump, que impulsa una fuerte reducción del Estado, incluso en áreas sensibles como el Seguro Social.
El ente previsional transfiere beneficios a más de 70 millones de personas cada mes. Históricamente, fue una agencia protegida de recortes políticos. Entre las medidas más criticadas figura la eliminación de atención telefónica para jubilados y un nuevo requisito presencial para validar identidad.
Tras la reacción pública, la SSA postergó algunos cambios, pero la demanda sigue vigente y cuestiona la legalidad de todas las decisiones tomadas.
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