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Una advertencia oficial encendió las alarmas entre millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos: si no se toman medidas urgentes, los pagos mensuales podrían sufrir un recorte del 20% a partir de 2034. Así lo indicó el último informe de los administradores del sistema, que alertaron sobre una crisis de solvencia que se aceleró más de lo esperado.

La fecha límite para sostener el nivel actual de beneficios, estimada hasta hace poco para 2035, se ha adelantado a 2034. Los motivos son múltiples y estructurales: el masivo retiro de la generación del baby boom, la aprobación de nuevas leyes como la Ley de Equidad del Seguro Social, y una reducción sostenida de la inversión social por parte del Gobierno, que priorizó el gasto en Defensa y subsidios corporativos.

Además, el sistema enfrenta un escenario adverso debido a la baja natalidad, el envejecimiento poblacional y un mercado laboral que no genera suficientes ingresos tributarios para sostener los pagos. Como resultado, la Administración del Seguro Social (SSA) advirtió que, sin intervención legislativa, solo podrá pagar el 77% de los beneficios actuales desde 2033.

¿Cómo se financia el Seguro Social y por qué se está quedando sin fondos?

El sistema se sostiene principalmente a través del impuesto sobre la nómina, que hoy representa el 6.2% para empleados y empleadores. Esos fondos se canalizan en dos fideicomisos: uno para jubilados y sobrevivientes (OASI), y otro para personas con discapacidad (DI). Sin embargo, el desbalance entre aportantes y beneficiarios está provocando un drenaje acelerado de los fondos.

¿Qué soluciones se están evaluando ante el posible recorte de la SSA?

Los expertos y fiduciarios del sistema proponen dos caminos principales para evitar el colapso del Seguro Social:

  • Aumentar el impuesto sobre la nómina del 2.6% al 3.65% para trabajadores y empleadores.

  • Reducir de forma permanente todos los beneficios en un 22,4%.

Ambas opciones implican decisiones políticas difíciles, pero los expertos coinciden en que el Congreso debe actuar de inmediato. De lo contrario, en menos de una década, millones dejubiladospodrían ver reducidos sus ingresos mensuales en un 20%, un golpe devastador para quienes dependen exclusivamente de ese dinero.