La Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA) resolvió excluir a los residentes permanentes del acceso a sus préstamos oficiales, una decisión que redefine quiénes pueden —y quiénes no— recibir respaldo económico del Estado para sostener o expandir un negocio. La medida, que comenzará a aplicarse el 1 de marzo, impacta de lleno en pequeños empresarios inmigrantes que durante años utilizaron estos programas como una de sus principales herramientas de financiamiento. Según un memorando interno de la Small Business Administration, los titulares de green card dejarán de ser elegibles para los préstamos federales para pequeñas empresas, incluidos los del programa 7(a), el más utilizado por la agencia. Este plan permite acceder a montos de hasta USD 5 millones para gastos operativos, expansión o recuperación financiera. A partir de la nueva normativa, solo podrán acceder a estos créditos las empresas con propiedad 100 % estadounidense, cuyos dueños no solo sean ciudadanos, sino que además residan dentro de Estados Unidos. De esta forma, la SBA elimina cualquier margen de participación extranjera, incluso cuando se trate de inmigrantes legales. Con la entrada en vigor de la resolución, quedarán excluidas del financiamiento de la SBA las siguientes personas y empresas: Este cambio deja sin respaldo financiero a miles de pequeños negocios, muchos de ellos familiares, que dependen de estos créditos para sobrevivir en un contexto de inflación y costos crecientes. La decisión generó un fuerte rechazo en el Congreso. El senador Edward J. Markey y la congresista Nydia Velázquez denunciaron que la política castiga a inmigrantes legales, reduce el acceso al crédito y profundiza la incertidumbre económica en comunidades que históricamente sostienen gran parte del entramado comercial local. La norma se inscribe en un endurecimiento progresivo iniciado meses atrás y promovido durante la administración de Donald Trump, que ya había limitado el acceso a préstamos a empresas con mínima participación extranjera.