En un contexto de mayores esfuerzos para rastrear movimientos de efectivo, Estados Unidos ha activado nuevas medidas de control financiero en zonas específicas del país. Las autoridades buscan reforzar la supervisión sobre operaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas. Estos ajustes involucran al Departamento del Tesoro, al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y a FinCEN y abren un escenario donde ciertos retiros podrían quedar bajo revisión individual. Una nueva Orden de Localización Geográfica(GTO) ha ampliado la obligación de reportar transacciones en efectivo que oscilan entre u$s 1.000 y u$s 10.000, permitiendo al IRS llevar a cabo revisiones caso por caso conforme a los criterios establecidos por FinCEN. La decisión se fundamenta en la Ley de Secreto Bancario, la cual exige la presentación de reportes que contribuyan a las investigaciones fiscales y criminales. FinCEN es la entidad encargada de coordinar el cumplimiento de esta normativa y delega al IRS la responsabilidad del examen de operaciones realizadas en zonas consideradas de alto riesgo. La orden rige desde el 10 de septiembre de 2025 hasta el 6 de marzo de 2026, estableciendo un plazo especial de cumplimiento para los negocios afectados. Para los usuarios, esto conlleva un monitoreo más riguroso de cualquier operación con efectivo efectuada en esos códigos ZIP. El GTO fija el umbral en u$s 1.000 para que las transacciones sean reportadas dentro de las zonas incluidas. Aunque la obligación recae en negocios de servicios monetarios, esos reportes permiten al IRS investigar uno por uno los movimientos detectados como inusuales.