Las medidas de embargo de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos son acciones legales y financieras implementadas por las autoridades para garantizar el cumplimiento de normativas federales. A pesar de que suelen recibir menor atención que otros procedimientos legales, estas herramientas impactan directamente en la economía de individuos y empresas, ya que impiden disponer de propiedades, activos o fondos hasta que se resuelva la causa que las originó. El plan busca reforzar los controles fronterizos y desalentar la permanencia de personas indocumentadas mediante sanciones económicas y patrimoniales. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de eliminar incentivos materiales que facilitan el asentamiento de inmigrantes sin estatus legal. No obstante, el programa no se limita a la deportación; apunta a afectar la base económica y financiera de quienes viven en el país sin autorización, reduciendo su acceso a recursos esenciales. El presidente Donald Trump anunció que, bajo su política “Regreso a casa”, el gobierno aplicará medidas destinadas a confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de personas que se encuentren en una situación migratoria ilegal en Estados Unidos. El plan contempla la colaboración entre agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento del Tesoro, que son responsables de identificar activos y ejecutar embargos. Las instituciones financieras estarán obligadas a reportar cuentas sospechosas, mientras que los registros estatales de propiedad y vehículos se utilizarán para identificar a titulares que carecen de un estatus migratorio regular. La Constitución protege el derecho a la propiedad y el debido proceso (Quinta y Decimocuarta Enmiendas). Esto implica que el gobierno no puede confiscar bienes sin una orden judicial ni sin permitir que la persona afectada se defienda en tribunales. Incluso los inmigrantes sin estatus legal tienen derecho a debido proceso en procedimientos que impacten su libertad o patrimonio. El gobierno de Estados Unidos puede embargar o congelar bienes cuando demuestra que provienen de actividades ilícitas, como narcotráfico, lavado de dinero o fraude migratorio, mediante procedimientos de forfeiture civil o criminal. También existen mecanismos de embargo para garantizar deudas fiscales o judiciales. Por ese motivo, una confiscación automática basada únicamente en la condición migratoria sería altamente cuestionada en cortes federales y probablemente considerada inconstitucional.