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El Gobierno del estado de Texas volvió a confirmar la aplicación activa de una política vigente que permite embargar cuentas en dólares, bienes personales y otros activos de quienes figuren en su lista oficial de deudores.
Según la Oficina del Fiscal General, el objetivo es garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales de manutención infantil. Las autoridades señalaron que esta política continuará aplicándose sin excepciones, como parte de su programa permanente de cobro y sanción.
¿Por qué el Gobierno embarga las cuentas en dólares de las personas que están en la lista?
El Gobierno de Texas aplica estos embargos sobre las cuentas en dólares y otros activos de las personas incluidas en su lista de child support evaders, es decir, quienes deben pagos de manutención infantil. Para ser incorporado en el registro oficial, el deudor debe tener una orden judicial, acumular al menos seis meses sin abonar y adeudar un mínimo de U$S 5.000.
Entre los bienes sujetos a embargo, además de las cuentas bancarias en dólares y otras monedas extranjeras, se incluyen:
- Vehículos, propiedades y bienes inmuebles
- Planes de retiro, seguros de vida e indemnizaciones por reclamos
Estas medidas forman parte de un mecanismo legal que busca asegurar que cada menor reciba la asistencia económica que le corresponde por ley.
¿Dónde consultar la lista oficial del Gobierno y qué sanciones acompañan el embargo?
La lista oficial del Gobierno de Texas puede consultarse en el sitio web oficial. El registro es público y se actualiza periódicamente con nuevos casos verificados por la Oficina del Fiscal General, que también publica los montos adeudados y las órdenes judiciales asociadas.
Además del embargo de cuentas en dólares y bienes, el Gobierno mantiene vigentes otras sanciones complementarias:
- Suspensión de licencias: de conducir, profesionales, de caza y pesca.
- Revocación o negación de pasaportes: impide su emisión o renovación.
- Registro de gravámenes: sobre propiedades, fondos de retiro o seguros.
Estas acciones, explicaron las autoridades, no buscan castigar, sino garantizar el bienestar de los menores. Los embargos y restricciones continuarán activos hasta que los deudores cumplan con todas sus obligaciones legales.
