Legisladores y economistas analizan medidas urgentes para evitar que las prestaciones de la Administración del Seguro Social (SSA) se queden sin fondos en los próximos años, en un escenario que podría derivar en recortes históricos. Un reciente informe del Penn Wharton Budget Model (PWBM) advierte que el principal fondo que sostiene las jubilaciones está a solo seis años de la insolvencia, lo que encendió el debate sobre reformas profundas. Las proyecciones son contundentes: el Fondo Fiduciario de Vejez y Supervivientes (OASI), encargado de pagar los beneficios a jubilados, familias y sobrevivientes, podría agotarse en 2032. De concretarse ese escenario, quienes se retiren en ese período sufrirían recortes de entre USD 2.500 y USD 2.700 anuales en sus ingresos. Este fondo se financia principalmente con impuestos sobre la nómina, pero el envejecimiento poblacional y la mayor cantidad de beneficiarios están presionando su sostenibilidad. En contraste, el fondo de discapacidad (DI) mantiene una situación sólida y no presenta riesgo de agotamiento en al menos 75 años. Entre las alternativas más polémicas aparece la denominada “Opción E”, una estrategia que busca sostener el sistema sin aumentar impuestos. La propuesta incluye: Según los investigadores, esta medida podría impulsar el crecimiento económico a largo plazo, con un aumento del 6,1% del PIB y una suba del 13,5% en el capital privado hacia 2060. Además, sostienen que reconocer abiertamente que los beneficios serán menores podría generar un “incentivo para ahorrar” en la población. No todas las propuestas implican recortes directos. Otra alternativa, conocida como “Opción A”, plantea: También se analiza un proyecto impulsado por los senadores Bill Cassidy y Tim Kaine, que propone crear un fondo de inversión multimillonario para sostener el sistema en el largo plazo sin incrementar la deuda nacional. Frente a la incertidumbre, especialistas recomiendan complementar los ingresos futuros con ahorro privado. Entre las opciones más utilizadas en Estados Unidos se destacan: El objetivo es reducir la dependencia exclusiva del Seguro Social ante posibles recortes.