El gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de embargar bienes y congelar cuentas bancarias en casos específicos, siempre bajo la supervisión de la ley y mediante orden judicial. Estas medidas no se aplican de forma general, sino únicamente a situaciones donde existan delitos o irregularidades comprobadas. Conocer quiénes podrían estar expuestos ayuda a evitar confusiones y riesgos innecesarios. Las autoridades, a través de agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ICE y el Departamento de Estado, pueden intervenir activos solo si se cumplen ciertos criterios legales. Entre los más frecuentes se encuentran delitos federales, falta de cumplimiento fiscal grave, uso de documentación falsa o alterada, bienes relacionados con investigaciones penales activas y propiedades utilizadas en actividades ilícitas como contrabando o financiamiento del crimen organizado. Es importante destacar que una orden de deportación por sí sola no permite embargos automáticos. El procedimiento requiere vínculo con un delito o causa judicial válida. El siguiente listado integra los principales casos que podrían verse afectados según la legislación vigente: Cuando un caso cumple los criterios legales, el Gobierno puede embargar bienes relacionados con delitos federales, congelar cuentas bancarias mientras dura la investigación, confiscar documentos falsos o usados en actividades ilícitas, y proceder con la deportación solo si corresponde legalmente. Cada acción requiere un proceso judicial sólido y documentación que respalde la medida. Para residentes y ciudadanos, la clave está en mantener las obligaciones fiscales al día, evitar el uso de bienes o cuentas para actividades ilegales, y consultar con un abogado especializado ante cualquier notificación oficial. Informarse correctamente y separar los mitos de los riesgos reales es fundamental para no caer en confusión, especialmente en un contexto migratorio y financiero tan regulado como el de Estados Unidos.