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La administración de Donald Trump quiere revertir los límites de algunas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) presentes en el agua potable que toman todos los estadounidenses.
La normativa que impulsó el ex presidente Joe Biden estableció límites nacionales para estos compuestos presentaría deficiencias legales y serían demasiado costosas de cumplir, según la administración actual.
Alerta máxima por el agua potable: ¿Qué esta pasando con los PFAS en Estados Unidos?
Se anunció un plan para flexibilizar los límites federales sobre los PFAS, también conocidos como “Químicos eternos”, que están presentes en el agua potable que se usa en Estados Unidos.
La decisión que busca impulsar el gobierno podría revertir o retrasar la implementación de normas ya aprobadas por la administración de Biden, que había limitado seis compuestos PFAS por considerarlos peligrosos.
¿Qué son los PFAS?
Estos compuestos son sustancias químicas sintéticas que se utilizan en productos resistentes al agua, la grasa y a manchas. Se los llama químicos eternos porque no son biodegradables y pueden acumularse dentro del cuerpo humano.
La Enviroment Protection Agency (EPA) quiere eliminar los límites estrictos sobre cuatro compuestos y otorgar extensiones hasta 2031 sistemas de agua para cumplir con las reglas sobre otros dos químicos ampliamente estudiados: PFOA y PFOS.
El gobierno busca flexibilizar controles sobre químicos tóxicos: ¿Cuáles serían los efectos sobre la salud de la población?
Según diversos estudios realizados sobre los PFAS los efectos más graves son:
- Cáncer de riñón y vejiga
- Problemas hormonales y de fertilidad
- Enfermedades hepáticas
- Colesterol alto
- Debilitamiento del sistema inmunológico
- Problemas del desarrollo infantil
- Bajo peso al nacer
- Enfermedades cardiovasculares
¿Qué se espera para los próximos meses?
Tanto empresas como grupos industriales de agua argumentaron que los límites impulsados por la administración de Biden eran demasiado costosas y difíciles de implementar. Por su lado, el gobierno de Trump sostiene que las regulaciones tienen fallas legales.
La propuesta actual aún debe atravesar varios procesos regulatorios y se podría enfrentar a varias demandas judiciales, por lo que puede tardar años en modificarse el régimen actual.