El proyecto para construir un aeropuerto internacional en Rocha genera una fuerte polémica con varios argumentos ambientales en contra y también por su ubicación: se pretende instalar más cerca de José Ignacio que de los principales balnearios y de la ciudad de Rocha.

Uno de los lugares elegidos está entre las lagunas Garzón y Rocha, dos áreas protegidas, lo que provocó un fuerte ruido en la primera evaluación de los técnicos del Ministerio de Ambiente, y en varias organizaciones, entre ellas Lagunas Costeras que trabaja en la zona hace 23 años.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) del Ministerio de Defensa propusieron construir este aeropuerto en dos padrones que suman 209 hectáreas sobre la ruta 10, frente al desarrollo urbanístico llamado “Las Garzas”, propiedad del multimillonario argentino Eduardo Constantini.

El problema es que estos dos terrenos se encuentran en una zona que está expresamente custodiada por el Estado. Están a solo 1.500 metros del Paisaje Protegido Laguna de Rocha y a 1.400 metros del Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Laguna Garzón.

Toda esta zona forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y está inmersa en la Reserva de Biósfera Bañados del Este, designada por la Unesco.

El director de la Dinacia, Alejandro Trujillo, defendió la localización de este proyecto. “Entiendo lo medioambiental, pero no podemos olvidarnos de que el Aeropuerto de Carrasco está en los bañados y no hubo depredación de fauna y flora”, dijo Trujillo en declaraciones al semanario Búsqueda. Argumentó que los aeropuertos de Carrasco y de Laguna del Sauce “conviven con las aves”.

En una línea de razonamiento similar se manifestó el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, para quien este aeropuerto es una “apuesta estratégica” al desarrollo del departamento. “Nuestra prioridad es que se concrete donde sea”, dijo en declaraciones a El Observador .

Umpiérrez reconoció que le parece mejor si la terminal aérea se instala en una zona más cercana a la ciudad de Rocha y planteó como opción alternativa construirla en terrenos próximos a la ruta 9 sobre el camino al Caracol.

La empresa Corporación América Airports -que gestiona los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce- será la encargada de construir y operar la nueva terminal a cambio de una extensión por 25 años de su concesión en el departamento de Maldonado.

Este aeropuerto incluirá una terminal para 50 pasajeros con circulación diferenciada, hangares, estacionamiento vehicular y una pista de 1.350 metros y de hasta 1.600 en futuras ampliaciones, según consta en la documentación que presentó la empresa en el Ministerio de Ambiente. La operación prevé unos 2 mil pasajeros y unos mil movimientos por año.

La idea de los inversores es que en esta nueva terminal aérea converjan vuelos privados y charters, para así atraer un turismo de alto poder adquisitivo y desestacionalizar la oferta.

Decenas de organizaciones en contra

La Red Unión de la Costa (RUC) y Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) rechazaron la instalación del aeropuerto en zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La RUC -que nuclea a decenas de organizaciones sociales y ambientalistas- recordó que “el propio informe técnico del Ministerio de Ambiente califica el impacto sobre la biodiversidad como de significancia alta”.

“La franja costera y el espacio entre ambas lagunas funcionan como corredor de aves acuáticas y playeras, varias migratorias o incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”, señaló esta red de organizaciones sociales y ambientales a través de un comunicado.

Para la RUC construir el aeropuerto en esa zona puede aumentar el escurrimiento superficial, la contaminación de aguas por derrames de combustibles, la mortalidad de aves por colisión con aeronaves, la perturbación por ruido de despegues y aterrizajes, la contaminación lumínica y el manejo inadecuado de aguas residuales.

“La actividad no corresponde al uso rural actual del suelo, por lo que su habilitación requeriría una recategorización que, en la modalidad abreviada prevista, no exige evaluación ambiental estratégica”, señaló.

La RUC consideró positivo que el Ministerio de Ambiente “haya exigido la categoría de mayor exigencia ambiental, con estudio completo y audiencias públicas, descartando la clasificación más laxa” solicitada por el Ministerio de Defensa.

No obstante, destacó que “ningún estudio de mitigación compensa la elección de un emplazamiento que fragmenta un corredor ecológico entre dos áreas protegidas”.

Las organizaciones que integran esta red aclararon que no se oponen a un aeropuerto en el departamento de Rocha, sino a su instalación en entornos frágiles y de “alto valor de conservación”.

Por esta razón, piden al Poder Ejecutivo “relocalizar” el aeropuerto “hacia un predio que no comprometa las áreas protegidas ni sus corredores ecológicos, garantizando su participación pública, amplia e informada”.

Contradicciones variadas

Por su parte, Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) señaló que la instalación de un aeropuerto entre estas dos áreas protegidas “contradice los principios básicos de conservación que deben regir la gestión de estos territorios”.

La organización consideró que “esta propuesta expone una preocupación que trasciende este caso particular”, que consiste en “la falta de coherencia entre los compromisos de conservación asumidos por Uruguay y las decisiones que se promueven sobre territorios reconocidos por su alto valor ecológico”.

Para Coendu Uruguay tiene un Sistema Nacional de Áreas Protegidas “aún insuficiente para garantizar la conservación de su biodiversidad”.

Por esta razón, preocupa que, “en lugar de fortalecer la protección efectiva de estos espacios, se planteen intervenciones de gran escala”, señaló un comunicado.

“Las áreas protegidas no son espacios vacíos ni reservas de suelo disponibles para futuros emprendimientos. Son instrumentos fundamentales para proteger especies nativas, ecosistemas y procesos naturales que, una vez alterados, no pueden ser recuperados mediante medidas compensatorias”, resaltó.

Coendu también recordó que las lagunas de Rocha y de Garzón “forman parte de uno de los sistemas costeros de mayor valor ecológico del país”.

“Sus humedales, lagunas, dunas y montes nativos sostienen una biodiversidad excepcional, incluyendo especies prioritarias para la conservación y aves migratorias que dependen de estos ambientes para sobrevivir”, explicó.

Por eso, la instalación del aeropuerto “implica riesgos significativos” y plantea una “contradicción evidente” con la conservación. La protección de estos sitios no puede quedar “limitada” a una “declaración formal”, sino que implica “garantizar su integridad, asegurar una gestión adecuada y evitar decisiones que comprometan los valores naturales por los cuales fueron creados”.

En este marco, Coendu exigió a las autoridades “una revisión profunda de este tipo de decisiones” y “una política ambiental coherente con los compromisos asumidos”.

“Cuando un país cuenta con pocas áreas protegidas, la responsabilidad no es buscar cómo intervenirlas, sino fortalecerlas, dotarlas de recursos y asegurar su verdadera protección. La existencia de un área protegida debe significar un compromiso real, no una condición que pueda flexibilizarse frente a intereses particulares”, remarcó la organización.