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Nicolás Soldatich (*)
En términos generales, existen cuatro formas básicas para el desarrollo económico de un país: crecer por gasto público, por consumo, por exportaciones y por inversión. En este aspecto en particular, el gobierno ha sido explícito en su andamiaje económico, al definir que el crecimiento deberá provenir exclusivamente de las exportaciones y de las inversiones. Respecto de las otras dos, cerró la puerta y tiró la llave.
A partir de estas definiciones ya adoptó medidas clave como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y otras están aún en debate parlamentario, como la reforma laboral y fiscal, la ley de glaciares y el presupuesto. Resulta evidente entonces que el sector llamado a apuntalar el crecimiento de las exportaciones está vinculado a los productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, minería y energía con Vaca Muerta como mascarón de proa.
En términos cuantitativos (millones de dólares), estos rubros son relevantes para la economía desde el punto de vista de recursos fiscales y acumulación de reservas. Sin embargo, en términos físicos, expresados en millones de toneladas, la importancia es estratégica, logística y directamente asociada a las necesidades de infraestructura.
El mayor desafío para la economía en general y el gobierno en particular es si la infraestructura está preparada para la estrategia que eligió la macroeconomía.
En este escenario, existe un aporte estratégico del Estado en este proceso, cuál es la generación de información.
Datos confiables
La producción sistemática de datos confiables, estudios actualizados, series de tiempo consistentes, seguimiento de los movimientos de carga, construcción de índices, análisis de tendencias y elaboración de proyecciones de mediano y largo plazo constituyen hoy un insumo crítico y altamente valorado por el sector privado para la planificación logística y la evaluación de inversiones. Esta tarea no sustituye al mercado, lo ordena, le aporta previsibilidad y reduce la incertidumbre estructural.
En este sentido, en el ámbito portuario y logístico, resulta central la articulación entre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Ministerio de Transporte y los organismos de control de la seguridad de la navegación.
Aproximadamente el 90 % de las cargas se moviliza por vía fluvial y marítima, por lo tanto, el rol de la Prefectura Naval Argentina adquiere una dimensión que excede ampliamente la función operativa o de control, constituyéndose en un bien económico estratégico de la Nación.
El desafío que enfrenta la Argentina no se limita solamente a la disponibilidad de infraestructura, y a los incentivos económicos que puedan estimular la inversión privada. El punto crítico reside en la capacidad de medir, anticipar y planificar.
En un sistema portuario compuesto por 29 puertos públicos, semipúblicos o consorciados y unos 65 puertos privados, concentrados mayormente en la Hidrovía Paraná–Paraguay, la competitividad futura no dependerá únicamente de dragados, muelles o accesos, sino de la calidad de la información disponible para la toma de decisiones.
Sin datos confiables, series consistentes y proyecciones de mediano y largo plazo, no hay estrategia posible, y sin estrategia, el crecimiento exportador corre el riesgo de chocar contra sus propias limitaciones. En un contexto donde la macroeconomía ya eligió su camino, la infraestructura, la información y la capacidad técnica dejan de ser variables accesorias para convertirse en condiciones estructurales del desarrollo.
(*) Economista especializado en comercio exterior.
