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Nicolas Soldatich (*)
El economista John Maynard Keynes, en su libro Las consecuencias económicas de la paz (1919), advirtió sobre los riesgos de decisiones políticas que desconocieran sus consecuencias económicas y comprometieran la estabilidad de las naciones. Desde perspectivas diferentes, Ludwig von Mises destacó la importancia del comercio internacional y la división del trabajo para la prosperidad, mientras que Friedrich Hayek profundizó sobre el papel del conocimiento y las instituciones en la organización económica. Desde otra perspectiva, Carl von Clausewitz sostuvo que la guerra constituye una continuación de la política por otros medios, estableciendo que la fuerza debe responder a objetivos políticos y no constituir un fin en sí misma.
Si el crecimiento económico y el desarrollo constituyen objetivos estratégicos fundamentales de una nación, ¿podemos pensar la organización de sus instrumentos de defensa y protección sin considerar las consecuencias económicas de sus decisiones y las capacidades necesarias para alcanzar esos objetivos?
La soberanía no se manifiesta únicamente mediante la defensa del territorio y los recursos. También tiene una dimensión económica: la capacidad de aprovecharlos, ampliar la producción e integrarse a los mercados internacionales. La explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas vuelve a poner en discusión la protección de nuestros derechos soberanos, pero también invita a pensar cómo transformar los recursos y las oportunidades en desarrollo.
Para la Argentina, economía periférica con restricciones recurrentes en el sector externo, generar divisas resulta indispensable para sostener la inversión y las importaciones necesarias para producir. Defender los intereses nacionales y promover el desarrollo no son objetivos contrapuestos: requieren una estrategia que los articule.
Capacidades institucionales
El reciente acuerdo UE–Mercosur ofrece oportunidades para diversificar las exportaciones. Sin embargo, abrir mercados no equivale a disponer de las condiciones para aprovecharlos. Las asimetrías de infraestructura, conectividad, frecuencias de transporte y capacidades institucionales pueden reducir las ventajas comerciales. No necesitamos sistemas logísticos idénticos, sino compatibles, capaces de integrar eficientemente sus cadenas de intercambio.
Los puertos y las vías navegables son componentes estratégicos de esa inserción. Su funcionamiento exige inversiones y servicios logísticos, pero también seguridad de la navegación, procedimientos previsibles y coordinación estatal. La competitividad no depende exclusivamente de aranceles o infraestructura física.
Bien económico estratégico
En ese entramado, la Prefectura Naval Argentina cumple una función económica que suele quedar fuera del análisis. Como autoridad marítima, más allá de sus tareas policiales, contribuye a la seguridad de la navegación, la protección marítima y la prevención de la contaminación, en el marco de compromisos internacionales asumidos por el país.
Estas funciones integran una infraestructura institucional que hace posible el comercio. La seguridad, el cumplimiento de estándares internacionales y la previsibilidad reducen riesgos e incertidumbre y pueden incidir sobre los costos de transacción, los seguros y la continuidad de las operaciones.
Por eso, la Prefectura, como autoridad de aplicación marítima y portuaria, es un bien económico estratégico de la Nación. Su valor no aparece directamente en las estadísticas de exportación, reside en las condiciones que contribuye a crear para que las actividades marítimas, fluviales y portuarias se desarrollen de manera segura y regular.
Defensa y complementariedad
La Armada Argentina y la Prefectura poseen misiones y capacidades diferentes, pero complementarias. La protección de los recursos pesqueros, por ejemplo, requiere vigilancia y aplicación de la ley; una infracción pesquera no constituye, por sí misma, una amenaza militar.
La redacción del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional plantea interrogantes sobre posibles superposiciones entre ambas instituciones. Una delimitación insuficiente de responsabilidades podría duplicar recursos, elevar costos de coordinación y generar incertidumbre con efectos sobre las operaciones marítimas y el comercio exterior. Se trata de un riesgo a considerar, no de un daño económico ya demostrado.
El orden efectivo no consiste simplemente en concentrar atribuciones, sino en articular capacidades especializadas conforme a los objetivos nacionales. La defensa de la soberanía es esencial, pero su organización también debe contemplar las condiciones del crecimiento, el desarrollo y el bienestar.
Porque la soberanía no se expresa solamente en la capacidad de una Nación para defender aquello que posee, sino también en su capacidad para transformarlo en oportunidades efectivas de desarrollo a largo plazo.
(*) Economista. Experto en comercio exterior.