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La batalla de los hermanos María Cristina y José Alberto Zuccardi por la herencia de una de las bodegas más premiadas del mundo suma un nuevo capítulo. La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendozaimputó este jueves al empresario vitivinícola por defraudación.
La noticia se da en el marco de la causa penal que inició María Cristina a fines del año pasado, en la que acusó a su hermano de querer"vaciar" la empresa para no pagar una deuda, que suma más de u$s 12 millones de intereses, definida en un fallo judicial de agosto del año pasado.
La fiscal Susana Muscianisi notificó la imputación a Zuccardi como autor del fraude, y a Pedro Giovanello -apoderado de La Agrícola y Viña Santa Julia y fiduciario del Fideicomiso Familia Zuccardi- como partícipe necesario del presunto delito.
"Lo que hace la imputación es darle inicio al proceso penal", contextualizó BernardoSaravia Frías, abogado del bodeguero imputado.. "La empresa continuará trabajando como hasta ahora", remarcó.
La investigación apunta a un supuesto vaciamiento patrimonial, que incluye la cesión gratuita de 112 marcas comerciales, valuadas en más de u$s 40 millones a la empresa Viña San Julia, controlada por los hijos de José Zuccardi.
María Cristina, ex diputada nacional y ex mujer de Alberto Flamarique, quien fuera artífice del Frepaso y ministro de Trabajo de Fernando de la Rúa, denuncia también la hipoteca de seis inmuebles a favor de una constructora, días antes de que la Suprema Corte de Mendoza dictara la condena en su contra y modificaciones en el directorio de las sociedades.
Una disputa familiar
La denuncia repasa la historia de la familia Zuccardi, desde los años '60, cuando Alberto Victorio Zuccardi y su esposa, Emma Cartellone, eran propietarios de la gran mayoría del paquete accionario de tres sociedades anónimas: La Agrícola, Cimalco y Cimalco Neuquén.
En 1991, Zuccardi padre realizó en vida el reparto de estos activos entre sus tres hijos. La Agrícola quedó en manos del único varón. Las dos constructoras, Cimalco Mendoza y Cimalco Neuquén, se dividieron en partes iguales entre los tres. Aquella decisión se formalizó con un contrato que todos los herederos suscribieron.
La Agrícola se convirtió en la bodega emblema del apellido, mientras que las constructoras fueron perdiendo peso en el mercado. Alberto murió en 2014 y su esposa, en 2020, sin bienes que repartir.
En 2018, Cristina presentó un reclamo judicial. Sostenía que había sido perjudicada en el reparto de bienes y que su porción no tenía relación con el valor de los activos en el momento del fallecimiento de su padre.
El bodeguero tiene actualmente el 99,7% del paquete accionario de La Agrícola, mientras que el 0,3% restante pertenece a sus tres hijos, mediante donaciones efectuadas a cada uno de ellos por sus abuelos y su padre.
"Veremos en futuras ampliaciones que esta composición societaria y los valores de las acciones han sufrido sustanciales modificaciones con la única intención de alterar esencialmente con maniobras defraudatorias por parte José, licuando su patrimonio", afirma la denuncia.
"Lo que yo pretendo es recuperar el capital que presté en aquel momento y que fue utilizado a favor de una actividad. Simplemente, que se repare la situación original. No pretendo apropiarme de nada posterior", explicó Cristina Zuccardi meses atrás, en una entrevista con El Cronista.
Además, remarca que su deseo es que "se cumpla con el fallo" y desmintió que la bodega pueda quebrar si se le abonan los u$s 12 millones que reclama. "Es una falencia", afirmó.
"Yo, aún, no recibí nada y ya están descalificando la sentencia, como si fuera un tema de género. Esto es una 'legítima violada', independientemente del sexo de los hijos", sostuvo.
