La empresa láctea SanCor atraviesa un duro momento. La semana pasada, el Juez que llevaba su concurso en la Cámara de Rafaela había convocado a acreedores de la compañía a presentar alternativas concretas para reactivar la empresa. Y, si bien hay interesados que están dispuestos a invertir, el requisito sine qua non que ponen para efectuar el desembolso sería la quiebra de la empresa.

Según pudo saber El Cronista, ya hay inversores que se acercaron a la empresa. De hecho, algunos de los interesados que siguen de cerca la situación de SanCor prefieren que se declare la quiebra antes de invertir. Ese escenario les permitiría acceder a los activos de la compañía sin heredar su pesada estructura de deudas, juicios y pasivos acumulados.

Además, se suma que el magistrado que estabaen la causa, Guillermo Vales, ya no está a cargo del juzgado en el que SanCor tramita su concurso, sino que se hizo cargo de otro tribunal en Santa Fe capital. Entonces, a pesar de que, con el correr del tiempo, asumirá otro Juez en su lugar -ya sea otro titular o subrogante-, no se trata de una buena noticia en términos de plazos y resoluciones para la reactivación de SanCor.

La compañía está en concurso preventivo desde febrero de este año, acumula más de 300 pedidos de quiebra y una deuda de más de u$s 400 millones. En ese contexto, Vales convocó la semana pasada a los acreedores a presentar propuestas concretas para su reactivación: desde planes de explotación y gestión, hasta cualquier reorganización necesaria para volver sustentable la operación de la cooperativa y respaldar las decisiones que se adopten en el proceso.

Entonces, en el eventual caso de que se decretara la quiebra de SanCor, el escenario sería más manejable para un posible inversor, porque permitiría negociar sobre una estructura más simple: activos con menor valuación, menos conflictos abiertos y la posibilidad de relanzar la operación de la láctea sin cargar con las deudas y obligaciones que hoy traban al concurso. Respecto al personal, no hay mayores precisiones.

Estas novedades llegaron justo un mes después de que la propia empresa presentara un plan de crisis para retomar su actividad con normalidad y que el gremio lácteo lo rechazara por “inviable”, ya que SanCor proponía desvincular a un aproximado de 300 personas. Según la queja que presentó Atilra, desde que comenzaron los conflictos en la compañía, en 2019, ya se suman alrededor de mil despidos.

“Traemos el pedido de quiebra con continuidad de explotación. Eso significa que queremos que la empresa siga trabajando, pero que no siga en manos de una administración fraudulenta", dijo el delegado gremial de Atilra, Alejandro Cabrera, a los pocos días de presentada la propuesta de SanCor.

Actualmente la empresa está trabajando a fasón. Esto quiere decir que SanCor utiliza su estructura para procesar leche para otros jugadores del mercado, mientras que no produce su marca propia.

La crisis que arrastra SanCor desde 2019

Los problemas de la láctea empezaron en 2019, cuando SanCor empezó a procesar menos materia prima, enfrentó una fuerte caída de ventas y un deterioro financiero que se profundizó año tras año. La cooperativa, que llegó a procesar más de 3 millones de litros de leche diarios en sus tiempos de mayor expansión, entró en un ciclo de retracción productiva que la obligó a desarmar parte de su estructura. De hecho, de las 14 plantas industriales que supo operar, hoy solo quedan seis, luego del cierre definitivo de una de ellas en 2024.

En ese recorrido, la actividad se volvió intermitente. Durante el año pasado apenas procesó alrededor de 500.000 litros por día, con parates constantes en las líneas de producción por falta de insumos, problemas técnicos y una estructura cada vez más difícil de sostener. La situación financiera también se deterioró, ya que, al procesar menos producto, sus ingresos bajaron, y la cooperativa quedó atrapada entre costos fijos altos, deudas crecientes y una capacidad instalada que ya no lograba utilizar de manera eficiente.

Ese combo llevó a la empresa al escenario actual: en concurso preventivo desde febrero, más de 300 pedidos de quiebra y un juez que ahora exige definiciones concretas para intentar evitar el colapso definitivo de la histórica láctea.