

La fábrica de cosechadoras Senor, una de las empresas testigo que presentó el Gobierno para fomentar el intercambio comercial con Angola, fue declarada en quiebra por no poder afrontar las deudas contraídas con el Estado y sus proveedores. Así lo dispuso un juez de la provincia de Entre Ríos, donde tiene sede la compañía que además es investigada por un supuesto delito de defraudación. Según medios periodísticos provinciales, la quiebra fue decretada el 14 de marzo pasado por el juez en lo Civil y Comercial Número 3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela.
La compañía, que pertenece al grupo Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, fue una de las naves insignia que ofreció el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a la hora de promocionar los acuerdos comerciales con ese país africano. Sin embargo, jamás vendió ni siquiera una máquina. Y de hecho, pidió su concurso preventivo de acreedores en octubre de 2012 por deudas cercanas a $ 7 millones con la provincia de Entre Ríos, y otros $ 3 millones con sus proveedores. En este sentido, los medios locales informaron que el Fondo de Inversiones de Entre Ríos reclama más de $ 6 millones y la AFIP $ 778.000; mientras la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), otros $ 250.000. La empresa también adeuda $ 56.000 en concepto de alquiler del galpón en el puerto uruguayense.
Según recuerda el sitio AIM Digital , en su momento de mayor bonanza, la fábrica llevó sus cosechadoras a la explanada de la Casa Rosada y hasta la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se subió a una. Sin embargo la venta de 18 mega-cosechadoras a Angola jamás se concretó y las máquinas nunca fueron fabricadas.
Además, la empresa ingresó en un manto de sospechas e irregularidades, en especial por la gran cantidad de cheques sin fondo que emitió. El tema llegó al Congreso, donde la diputada Virginia Linares pidió que se investigue a grupo Senor por haber librado 95 cheques sin fondos por más de $ 1 millón entre el 15 de diciembre de 2011 y el 29 de mayo de 2012.
El síndico de la quiebra, Horacio Larrivey, comentó al Canal TN que la empresa tenía una deuda muy grande y muy poca capacidad de pago. Calculó el pasivo entre $ 10 millones y $ 12 millones. Entraron en cese de pagos y no pudieron, confirmó.
Sobre Senor pesa también un embargo de bienes, tanto en Concepción del Uruguay como en Córdoba, pedido por Daniel Huarte, fabricante de partes de la carrocería de la cosechadora que denunció haber recibido cheques sin fondos. Sus propietarios están imputados también por una denuncia formulada por el abogado Guillermo Mulet, quien los imputa de un posible fraude contra la administración pública por los millonarios créditos que recibió la empresa.
La fiscal Sandra Terreno los acusó por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, delito que tiene penas de dos a seis años de prisión.










