La agroexportadora Vicentin sigue saldando deudas. Durante las primeras semanas de junio, la firma continuó ejecutando el plan de pagos previsto en el cramdown, luego de su homologación a cargo del Juez Fabián Lorenzini y el cambio de control societario en diciembre pasado.
En esta oportunidad, la medida alcanzó a un grupo de 137 acreedores que eligió cobrar mediante la modalidad de “contratos de abastecimiento” prevista en la propuesta de salvataje. El monto fue por u$s 2,2 millones.
En paralelo, informó la compañía, abonó la primera cuota correspondiente a los acreedores agrupados en la categoría C5, quienes aceptaron una propuesta que contempla recuperar el 12% de sus créditos en dólares. El desembolso alcanzó los u$s 7 millones e incluyó a 10 acreedores, entre ellos los bancos internacionales Credit Agricole, Amerra Capital y la International Finance Corporation.
Avanza el plan de pagos
La empresa comenzó a poner en marcha el plan de pago en enero de este año. En ese entonces lo hizo con 664 acreedores por desembolsos de hasta u$s 25.000 de acuerdo con las categorías.
En esa oportunidad, el pago estuvo destinado a las categorías A2 -Abastecimiento Directo con Anticipo Financiero– y A3 -Fideicomiso con Anticipo Financiero- quienes representan aproximadamente la mitad de las firmas damnificadas por el incumplimiento de pagos, de un total de 1722 acreedores.
La primera categoría respondió a los acreedores que optaron por la entrega de 200 toneladas de soja por cada u$s 1000 de crédito, y que recibieron un anticipo de hasta u$s 25.000. La segunda agrupó a los acreedores que aceptaron incorporar sus créditos a un fideicomiso creado dentro del acuerdo concursal y que, a cambio, recibieron anticipos financieros de hasta u$s 25.000, equivalentes a un máximo del 50% de la deuda reconocida.
En mayo lo hizo con los acreedores de la categoría A1, es decir, con aquellos que optaron por seguir operando comercialmente con la empresa a través del abastecimiento de granos a cambio de un pago por un valor superior al precio de mercado. La categoría reunió deudas por más de u$s 115 millones correspondientes a más de 100 acreedores.
Actualmente, según datos de la empresa, tanto la planta de Ricardone como la de San Lorenzo, están operativas en su máxima capacidad productiva. Mientras que la primera procesa alrededor de 90.000 toneladas mensuales de girasol y sus subproductos, la segunda cuenta con dos líneas de soja de 10.000 y 6000 toneladas diarias.
En lo que respecta al Nodo Norte -el conjunto de plantas y unidades vinculadas a la industrialización de granos y producción de bioetanol- la firma señaló que está “normalizando la producción y trabajando en proyectos que apuntan a maximizar la capacidad”.
Crisis y resurgimiento de Vicentin
Vicentin cayó en default en diciembre de 2019 y adjudicó la cesación de pagos -en ese entonces, no podía cubrir una deuda de u$s 350 millones- a una situación de “estrés financiero”. Pocos meses después, en febrero de 2020, presentó formalmente un concurso preventivo para reestructurar ese pasivo.
Hacia el final, el proceso derivó en un cramdown o salvataje, una instancia judicial que habilita a terceros a presentar propuestas para hacerse cargo de la compañía en caso de que la propia empresa no logre llegar a un acuerdo con sus acreedores.
En esta instancia, participaron diferentes firmas que pujaban por quedarse con Vicentin. Por un lado, la propuesta de Mariano Grassi, con el respaldo de Commodities y alianzas con Cargill y, por el otro, la propuesta presentada por la alianza Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC).
Finalmente, en diciembre pasado, la Justicia de Santa Fe homologó la propuesta que presentó Grassi en el concurso preventivo de la cerealera y rechazó todas las impugnaciones en su contra. De esta manera, le cedió al empresario el control de la firma. Molinos Agro y LDC apelaron la resolución de Lorenzini, alegando que el fallo les generaba “un perjuicio irreparable”. Allí, también cuestionaron el accionar del juez y lo acusaron de inconsistencias en el dictamen.
Hace un mes, las firmas informaron que abandonaron definitivamente esa disputa. “Se decidió cerrar el tema y desistir de la apelación que se hizo en la Justicia. Se pasó la página y se sigue adelante, después de un proceso que fue largo. De alguna manera, las empresas buscarán dialogar nuevamente”, dijeron, en aquel entonces, fuentes con conocimiento del caso a El Cronista.