Comenzó el tratamiento de la Ley de Glaciares, una norma clave que impulsa el Gobierno de Javier Milei para despejar dudas que puedan condicionar inversiones para la minería argentina.
La discusión se da en momentos en donde comienzan a materializarse los mega proyectos del sector minero aprobados para el RIGI y cuando esperan condiciones de mayor seguridad jurídica aquellos que aún no se presentaron pero preparan sus carpetas para hacerlo.
En el Gobierno aseguran que el nuevo texto no compromete en absoluto los RIGI ya aprobados y que al precisar el alcance de la Ley, reducir ambigüedades en su aplicación y reforzar las competencias provinciales, da mayores certezas a los proyectos que están por presentarse. Y sobre todo, evitar juicios temidos por el ‘lenguaje jurídico oscuro’ que tiene la Ley actual.
La iniciativa no plantea, según el enfoque oficial, una modificación sustantiva del régimen de protección vigente, sino una reformulación de la redacción de la norma y un reordenamiento de responsabilidades entre Nación y provincias, con impacto directo en la evaluación de actividades productivas.
Precisión sobre qué áreas quedan protegidas
Uno de los ejes del proyecto es la clarificación del objeto de protección de la ley. El texto establece de manera explícita que quedan alcanzados por la normativa los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes, como la provisión de agua o la recarga de cuencas hidrográficas.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley actual, por su redacción, dio lugar a interpretaciones que extendieron la protección a todo el ambiente periglacial, incluso en casos donde no existe una función hídrica identificable. Esa situación generó conflictos de aplicación y decisiones administrativas dispares en distintas jurisdicciones.
En ese marco, el proyecto aclara que las prohibiciones de actividades no son automáticas, sino que dependen de si una intervención afecta o no las funciones protegidas, lo que deberá ser evaluado en cada caso por la autoridad competente.
Provincias con mayor margen de decisión
Otro punto central del proyecto es el fortalecimiento del rol de las provincias, en línea con el principio de dominio originario de los recursos naturales. Las jurisdicciones provinciales serán las encargadas de determinar qué glaciares y qué sectores del ambiente periglacial cumplen funciones hídricas y, por lo tanto, quedan alcanzados por la ley.
Este esquema impacta en dos aspectos clave:
- Evaluaciones de impacto ambiental, que quedarán bajo decisión provincial, tanto para aprobar como para rechazar proyectos.
- Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que deberá incorporar o excluir áreas en función de la información técnica que aporten las provincias.
El Inventario mantendrá un criterio precautorio: toda área incluida se considerará protegida, hasta que se determine lo contrario.
Previsibilidad regulatoria y actividad económica
Según el diagnóstico oficial, la ambigüedad de la ley vigente generó incertidumbre regulatoria, con demoras en evaluaciones de impacto ambiental y cautela en la toma de decisiones administrativas. El proyecto apunta a ordenar criterios y dar previsibilidad tanto a los funcionarios como a los actores económicos.
Remarcan además que la reforma no habilita nuevas actividades, ni modifica el marco general bajo el cual hoy pueden desarrollarse proyectos productivos, siempre que no afecten glaciares protegidos. El énfasis está puesto en brindar reglas más claras para la aplicación de la norma.
La discusión legislativa se dará en un contexto en el que el Gobierno busca compatibilizar criterios ambientales, autonomía provincial y actividad económica, en un marco de mayor certidumbre normativa.
Impacto de la Ley de Glaciares en los proyectos mineros en marcha
El texto que impulsa el Gobierno para introducir aclaraciones en la Ley de Glaciares tomó pedidos que recogió de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, con el respaldo de las provincias que las integran, todas con fuertes intereses mineros.
En una carta difundida por esas entidades y firmada por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, habían señalado que la actual Ley de Glaciares generaba incertidumbre regulatoria y frenaba las inversiones.
La misma visión tenían las empresas detrás de los grandes proyectos mineros. De hecho, al conocerse la presentación del texto impulsado por el Gobierno naciona., la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) y el Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) lo apoyaron.
“La iniciativa legislativa constituye un avance relevante para fortalecer la certeza jurídica y la claridad normativa”, dijo la entidad que preside Michael Meding, el CEO del proyecto de cobre Los Azules, aprobado ya para entrar al RIGI con una inversión de u$s 2700 millones.
“Una efectiva redacción, que elimine la incertidumbre existente, permitirá que actividades productivas y de desarrollo de infraestructura puedan realizarse en un marco de total respeto por el cuidado ambiental”, agregó CAEM.
