La agonía de Paraná Metal se extendió un mes más, ya que los trabajadores fueron notificados de que los telegramas de despido se prorrogaron por un mes, mientras se busca alguna posibilidad de salvar a la histórica fundidora.

La semana pasada, unos 50 operarios decidieron optar por el retiro voluntario, ante la incertidumbre y la necesidad de buscar otro empleo que les permita sostener a sus familias y por el inminente cierre de la compañía, que estaba previsto para el pasado sábado 31 de octubre. El resto de los trabajadores, que suman cerca de 130 personas, aguardan ahora que algo suceda para poder mantener sus empleos.

Autoridades del Grupo Indalo, dueño de la fundidora desde 2009, comunicaron su decisión de extender un mes la entrada en vigencia de los 180 despidos anunciados en agosto pasado con el envío de telegramas.
Leandro Del Grecco, integrante de la comisión interna gremial de la planta ubicada en localidad santafesina de Villa Constitución, a 55 kilómetros de Rosario, aseguró a la prensa local que existe una posibilidad de revitalizar la actividad de la empresa que supo ser líder en su segmento.

"La condición que puso la empresa para que continúe es que hay que recuperar el rendimiento de la planta y eso está supeditado a la concreción de nueva producción. Para nosotros es un chantaje y un planteo de flexibilidad laboral", advirtió Del Grecco.

Acompañados por dirigentes de la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los delegados gremiales se reunieron el viernes pasado con gerentes de la fábrica, quienes les anticiparon la extensión de la entrada en vigor para los telegramas.

En esos telegramas iniciales, la gerencia de Paraná Metal había comunicado que se tomaría 60 días para evaluar el futuro de la compañía, que ahora parece vislumbrar un luz al final del túnel con la posibilidad de reactivar las operaciones.

El mes pasado, la presidenta Cristina Fernández ordenó a cuatro ministerios (Industria, Trabajo, Economía y Defensa) a buscar clientes para la empresa, en un intento por evitar su cierre. A partir entonces, se iniciaron contactos con Fabricaciones Militares y Ferrocarriles Argentinos.

Ahora, los trabajadores aguardan que la administración de la empresa avance las negociaciones también con el deprimido sector automotriz para obtener contratos que permitan reactivar la producción y mantener los puestos de trabajo.

La planta, que se originó como una firma satélite de Acindar, pasó de ser una de las fundiciones más importantes del país, con más de 1.300 trabajadores, a una compañía muy golpeada en los últimos cinco años.