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Faltan cuatro días para que venza el plazo para registrar las líneas telefónicas con la CURP para evitar la suspensión del servicio telefónico y la penetración del programa del Gobierno Federal todavía es muy baja.
El registro no es una iniciativa nueva, el Gobierno Federal (sin importar el color del partido) ha intentado en diversas ocasiones que los mexicanos asignen su identidad al número telefónico. Desde 2009, cuando Felipe Calderón era presidente de México, se integró en la Ley Federal de Telecomunicaciones el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut) para vincular cada línea a un usuario y facilitar la trazabilidad de delitos como la extorsión.
El modelo era muy similar a lo que exige hoy la administración de Claudia Sheinbaum, pues consistía en enviar la Clave Única de Registro de Población (CURP) a través de un SMS para registrar la línea.
Ese programa tuvo un avance limitado, ya que se registró menos de 40 % del total de líneas y la base de datos contaba con inconsistencias significativas, lo que llevó a la suspensión del programa en 2011, recordó Banamex.
El segundo intento fue en el sexenio pasado, bajo la tutela de Andrés Manuel López Obrador, con un nombre muy similar, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (Panaut). En este intento, el gobierno exigía, además de la CURP, los datos biométricos de los usuarios para registrar la línea.
“Sin embargo, el instrumento recibió cuestionamientos y en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional por mayoría calificada, al considerar que la recolección masiva de biométricos no guardaba proporción con el problema que pretendía atender, especialmente en ausencia de evidencia concluyente sobre su efectividad en la reducción de delitos”, recordó Banamex.
Esa sala de la SCJN estaba conformada por los ministros anteriores a la primera elección por voto masivo de jueces y magistrados, realizada en 2025 y que fue criticada por la presunta injerencia del gobierno de AMLO en la votación.
El intento del sexenio actual es el tercero en la historia del país para asignar una línea telefónica a la identidad de cada uno de los ciudadanos o empresas que la portan.
Camino con baches
El registro de las líneas telefónicas es una obligación ampliamente desconocida por la ciudadanía, pues de acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit señala que apenas 66% de los usuarios saben algo sobre ella, y de ese monto, apenas 45% se han registrado.
El padrón acumula hasta el momento 63 millones de líneas, lo que representa 43.6% del total, hasta el último reporte oficial.
Banamex advierte que la justificación de “combatir la extorsión” resulta menos valiosa para los ciudadanos que los desincentivos que enfrenta.
El primer desincentivo es que existe una desconfianza total en la credibilidad de la economía institucional.
“El registro obligatorio enfrenta un problema de credibilidad típico de economía institucional: la autoridad puede imponer la regla, pero no puede obligar a los usuarios a confiar en que se dará buen uso a su información”, señala el banco.
El desbalance entre el riesgo, que es la filtración de sus datos o la suplantación de identidad, contrasta con el supuesto beneficio de la reducción en los crímenes de extorsión.
Un segundo factor es que con las medidas se puede entorpecer el derecho a la portabilidad telefónica, es decir, cambiarte de compañía, al introducir pasos adicionales de validación y, en casos de portabilidad, exigir la desvinculación previa de la línea y su posterior registro con el operador receptor.
“Ello podría reducir la movilidad de la demanda y aumentar la inercia de permanencia de los clientes, pues cambiar de compañía se vuelve más complejo”, baraja Banamex.
En tercer término, la estadística demuestra que muchos extorsionadores telefónicos realizan su actividad criminal desde adentro de las cárceles, donde se supone que existen inhibidores de señal y están prohibidos los teléfonos celulares.
“De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en noviembre de 2025 sólo 12 centros penitenciarios concentraron 56 % de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión a través del número de atención ciudadana 089, lo que indica que una parte relevante del problema ya se encuentra geográficamente identificada”, dice el banco.
“En ese contexto, la efectividad del padrón depende no solo de registrar líneas formales, sino de cerrar de manera efectiva las rutas de evasión—incluidos el uso de líneas adquiridas irregularmente, la suplantación de identidad o los mercados informales de SIMs— que permiten a los actores ilícitos eludir la trazabilidad”, añade el área de Estudios Económicos del banco.
Además, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como el uso de celulares e internet, está reconocido en el marco constitucional y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este sentido, cortar el servicio, aunque sea de manera escalonada, implica un impacto en un servicio que hoy opera como plataforma de información, comunicación, autenticación, pagos y acceso a servicios esenciales.
La suspensión de la línea telefónica también implica afectaciones sobre la banca, el transporte, los servicios de entrega y otros servicios digitales intensivos en autenticación móvil.
En suma, existe una violación potencial a derechos asociados a la telefonía celular como el
acceso a la información, la privacidad, la no discriminación y la inclusión digital, particularmente en grupos vulnerables y segmentos de menores ingresos, concluye el banco.
