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La tensión entre los servicios tradicionales y las plataformas digitales volvió a escalar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Tras el inicio de operativos encabezados por la Guardia Nacional para limitar la presencia de aplicaciones como Uber y DiDi, la empresa concesionaria de taxis Protaxi respaldó las acciones, pero advirtió que no serán suficientes sin una evaluación constante de su efectividad.
Aunque las autoridades ya comenzaron a intervenir dentro de las terminales, el conflicto de fondo sigue sin resolverse: la convivencia —o choque— entre modelos de transporte con marcos regulatorios distintos.
Operativos en marcha, pero bajo la lupa
Desde principios de marzo, la Guardia Nacional inició acciones dentro del AICM con el objetivo de restringir la operación de servicios de transporte por aplicación. La medida surge de un acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina y busca garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el transporte concesionado en la terminal aérea.
Sin embargo, desde Protaxi sostienen que el despliegue debe ir acompañado de resultados medibles. La empresa considera clave que las autoridades informen qué se está haciendo, cómo se implementan los operativos y cuál es su impacto real en la reducción de estos servicios.
El eje central del debate radica en la legalidad de las plataformas dentro del aeropuerto. Desde el sector de taxis concesionados insisten en que servicios como Uber y DiDi no cuentan con autorización para operar en el AICM, lo que los coloca fuera del marco normativo vigente.
A pesar de ello, continúan captando pasajeros en ambas terminales, impulsados por una alta demanda de usuarios que priorizan factores como precio, comodidad y disponibilidad inmediata.
Para los concesionarios, permitir esta dinámica implica —según su visión— que una aplicación privada se imponga por encima de la regulación, lo que consideran incompatible con el funcionamiento de un estado de derecho.