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En función de la información que ha trascendido recientemente, el Gobierno planea devolver amplias facultades a los funcionarios migratorios para negar la green card a quienes consideren que podrían depender de apoyos económicos.
La política migratoria que ha implementado Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca a principios de año continúa complejizando la situación para un gran número de inmigrantes que se encuentran residiendo en los Estados Unidos de América.
Fuente: Archivo
Si bien la propuesta no replica exactamente la regla aplicada en 2019, abre la puerta a decisiones más estrictas que podrían impactar en miles de familias extranjeras. El documento que envió el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya anticipa un proceso complejo para los ciudadanos del exterior que se encuentren en esta difícil situación.
La política de Donald Trump que afecta a los inmigrantes
Es importante señalar que el primer período de gestión de Donald Trump se distinguió por un endurecimiento de la normativa de carga pública, una medida que facultaba a negar la residencia a aquellos solicitantes que hubieran hecho uso de programas como Medicaid, SNAP o asistencia para vivienda.
La tensión se intensifica no solo por lo que podría modificarse, sino por lo que esto implica para quienes dependen de programas de salud, alimentación o vivienda y temen solicitar beneficios debido a posibles repercusiones migratorias.
El documento presentado por USCIS sostiene que la regulación actual restringe la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para implementar lo que el Congreso ha estipulado respecto a este criterio.
Si bien aquella versión fue revocada por la administración de Joe Biden, la nueva propuesta reintroduce algunos aspectos de la discusión, como la delegación de mayor autoridad a los oficiales para determinar la inadmisibilidad de inmigrantes que pudieran generar costos para el Estado.
A pesar de no especificar qué programas serán considerados bajo la carga pública en esta nueva fase, se ha anticipado que existirán directrices subsiguientes para definir cómo se llevará a cabo la evaluación.
Efectos en inmigrantes y controversias sobre la política de carga pública
La discusión continuará en el Congreso, donde varios legisladores han solicitado desechar la propuesta por sus implicaciones tanto sociales como legales.
En esta misma línea, una encuesta realizada en 2023 reveló que una gran parte de los inmigrantes no comprenden completamente las reglas referentes a la carga pública, lo que incrementa el temor a solicitar cualquier tipo de asistencia.
Expertos han recordado que la política implementada en 2019 resultó en que entre 2 y 4.7 millones de personas redujeran o desistieran de su inscripción en Medicaid o CHIP, según un análisis de KFF.
La iniciativa de la Administración Trump ha llevado a diversas organizaciones y activistas a manifestarse en contra. Dichos sectores han alertado que la propuesta podría generar miedo y confusión, incluso entre inmigrantes con estatus legal o ciudadanos cuyos padres se encuentran indocumentados.
Adriana Cadena, representante de Protecting Immigrant Families Coalition, indicó que la medida podría desincentivar a personas elegibles a acceder a atención médica y beneficios esenciales.